Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con ocasión del Taller de Ideas “Transversalización del enfoque de género en la Agenda 2030: un compromiso de toda la CEPAL con los derechos y la autonomía de las mujeres”
Santiago, 8 de marzo de 2017
CEPAL
Perspectivas y desafíos mundiales y regionales para la igualdad de género en la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
Queridas y queridos colegas de la CEPAL,
Quiero iniciar estas palabras saludando a las mujeres cepalinas, a aquellas trabajadoras incansables e insaciables, a quienes construyeron, construyen y construirán los cimientos de nuestra preciada institución.
Hace más de un siglo, en 1906, la poetisa chilena Gabriela Mistral abordaba la importancia de la intelectualidad de las mujeres y cómo su sola instrucción constituía una obra magna que llevaba en sí la reforma completa de todo un sexo.
Hoy, más de 100 años después, las mujeres latinoamericanas y caribeñas aún luchamos por terminar con una amplia brecha salarial en la región, con profundas deudas en materia de derechos sexuales y reproductivos y con el desafío pendiente de otorgar una mayor participación política a todas las mujeres.
Hemos vivido, por cierto, procesos de avances que apuntan a la erradicación de la discriminación y la desigualdad de género. Sin embargo, la actual situación regional, marcada por un escenario económico, político, social y ambiental incierto y menos favorable que en años recientes, amenaza con hacer retroceder las políticas públicas en favor de la igualdad.
América Latina y el Caribe transita por un escenario global y regional complejo en el que se enfrentan nuevos y viejos retos para la igualdad y la autonomía de las mujeres. Las cifras de la CEPAL revelaron que en 2016 la economía regional se contrajo un 1,1% y para 2017 se proyecta apenas una expansión del 1,3%. A estos datos se suman la desaceleración del comercio, la escasa inversión física, en capacidades humanas y en investigación, la persistencia de la vulnerabilidad externa y de los desequilibrios estructurales, así como el estancamiento en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que afecta especialmente a las mujeres.
Se evidencia también un resurgimiento de discursos discriminadores y fundamentalistas que cuestionan los derechos conquistados y ponen en riesgo la situación de las mujeres y de las personas migrantes. La influencia de sectores conservadores en diferentes niveles de toma de decisión constituye una alerta para la garantía de los derechos de todas las personas y la autonomía de las mujeres.
Estos factores imponen desafíos adicionales para superar la segregación de género en los mercados laborales, la feminización de la pobreza, la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados y los sesgos y déficits de género en la protección social y en el acceso a los recursos, entre otros.
Esto hace que hoy millones de mujeres de 50 países estén participando en el primer Paro Internacional de Mujeres, unidas bajo un lema común: “La solidaridad es nuestra arma”.
Esta iniciativa registra como antecedente la huelga de mujeres islandesas en 1975, las protestas de las mujeres polacas para impedir la aprobación de un proyecto de ley de penalización del aborto en 2016 y las manifestaciones también recientes de las mujeres argentinas para poner fin a los femicidios, una causa a la que adhirieron mujeres y hombres de otros países latinoamericanos.
La convocatoria ha logrado sumar a organizaciones de mujeres y feministas, organizaciones sociales y centrales sindicales, y también a gobiernos. Estas movilizaciones exigen respuesta frente a las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres, como la sobrecarga de trabajo no remunerado, el empleo precario o la falta de participación en las decisiones, entre otras, y que son el origen de las desigualdades de género que lamentablemente caracterizan a nuestra región.
Esta protesta global constituye otra muestra de que resulta imprescindible proteger los avances y evitar los retrocesos que se han observado en situaciones de crisis anteriores, a la vez que potenciar los esfuerzos hacia el cambio estructural progresivo con igualdad de género en América Latina y el Caribe.
En 2015 se aprobaba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y hoy el contexto para su implementación es aún más desafiante, en un mundo signado por la incertidumbre. En América Latina y el Caribe, una agenda de desarrollo sostenible nos demanda seguir profundizando las propuestas de cambio estructural progresivo que contribuyan a transformar las relaciones de poder de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y en un accionar que articule los desafíos del corto y del largo plazo.
La Agenda 2030 reconoce que la incorporación sistemática de una perspectiva de género en su implementación es crucial, pero para lograrlo es necesaria la consideración transversal de la igualdad de género en el cumplimiento de los 17 Objetivos y no solo en el Objetivo 5, que apunta a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Esta propuesta está alineada con la convicción y el compromiso profundo de la CEPAL: para el cumplimiento de la Agenda 2030, la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres son un elemento fundamental, protagónico y transversal a todas las políticas públicas.
Cuando miramos la Agenda 2030 desde los derechos de las mujeres, proponemos una mirada transformadora del desarrollo a fin de enfrentar exitosamente la transición demográfica, la creciente urbanización y el cambio climático, entre otros procesos en curso, y apuntamos a alcanzar logros concretos elevando el número de mujeres con ingresos propios y suficientes, rompiendo el techo y las paredes de cristal, compatibilizando la vida personal y laboral para hombres y mujeres, socializando el trabajo de cuidado y superando la pobreza de tiempo. Se trata de incluir de manera integral la igualdad de género porque, de lo contrario, no puede ser considerado ni desarrollo ni sostenible.
Situar la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible supone una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas. Implica comprender la interdependencia entre los procesos productivos y los de la reproducción social, con el cuidado como eje articulador. Permite promover reformas estructurales que orienten las finanzas hacia la economía real y especialmente al servicio de la sostenibilidad de la vida y el bienestar de las personas.
Además, contribuye a desmantelar los sesgos androcéntricos de las políticas públicas que se basan, por ejemplo, en el supuesto del individuo autosuficiente, sin responsabilidades de cuidados, con trayectorias laborales continuas, así como de las políticas que refuerzan los roles tradicionales de género y que descansan en el trabajo no remunerado y de cuidados de las mujeres.
Para avanzar hacia el cambio estructural progresivo con igualdad de género es clave tener un abordaje integral. La Agenda 2030 constituye una oportunidad en este sentido, por ejemplo, relacionando las metas de trabajo decente e igualdad de género con la meta de promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Sabemos que la heterogeneidad estructural de los países de la región se basa en grandes diferencias de productividad del trabajo entre sectores y dentro de ellos, y que implica una estructura ocupacional en la que las mujeres ocupan un lugar subordinado, ya que están sobrerrepresentadas en los sectores más rezagados, con mayores niveles de precariedad e informalidad y menor contacto con las tecnologías y la innovación.
Actualmente, el 79% de las mujeres ocupadas están concentradas en los sectores de servicios, comercio y agricultura, que poseen baja productividad y bajos salarios.
El cambio estructural progresivo supone avanzar hacia estilos de desarrollo que generen empleos y capacidades para hombres y mujeres, ampliando actividades de alta productividad, entre las que se incluyen el acceso a la tecnología, la apropiación del conocimiento y la distribución de los aumentos de productividad de forma equitativa.
No obstante, la generación de empleos de calidad para las mujeres en un contexto de cambios profundos en el futuro del trabajo se plantea como un gran desafío hacia 2030.
Es necesario abordar esta situación por lo menos desde cuatro ángulos. Por un lado, es preciso analizar cómo la incorporación de las tecnologías vinculadas a la llamada “cuarta revolución industrial” a los procesos productivos puede tener impactos en el aumento del desempleo femenino, sobre todo en sectores fácilmente automatizables.
Por otro, es necesario abordar las discriminaciones en los mercados laborales que implican el desaprovechamiento de las capacidades de las mujeres que, aun teniendo mayores niveles educativos, perciben menores salarios.
En tercer lugar, es necesario abordar los sesgos de género de los sistemas educativos que repercuten en la presencia minoritaria y poco jerarquizada de las mujeres en el campo de la investigación científica, informática y tecnológica.
Y, finalmente, se requiere abordar de manera amplia y conjunta el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, ya que ambos son la base del crecimiento económico, a la vez que de la desigualdad de género.
Por ello es necesario avanzar en el reconocimiento del trabajo no remunerado y de cuidado de las mujeres como soporte de las sociedades y sustento de las economías. La rígida división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado son la causa de las desigualdades de la región y de la discriminación hacia las mujeres y limitan las posibilidades de avanzar hacia estilos de desarrollo sostenibles e igualitarios.
Las mujeres de la región hoy en las movilizaciones proclaman: “Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras”.
En la CEPAL hemos delineado seis prioridades para la implementación de la Agenda 2030. Tomando el carácter interrelacionado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la centralidad de la igualdad de género para alcanzar el desarrollo sostenible, es preciso propiciar el debate en dos sentidos. Por un lado, cómo estas prioridades contribuyen a la igualdad de género en la región y, por otro, cómo la erradicación de las desigualdades de género permite avanzar en la implementación de toda la Agenda.
Instaurar una arquitectura nacional, interinstitucional e intersectorial al más alto nivel es clave para la implementación de la Agenda 2030. En este esfuerzo, se debe fortalecer la institucionalidad de género y asegurar su participación en los mecanismos de coordinación nacional para el seguimiento de la Agenda 2030.
Pero no solo eso, ya que los ministerios y mecanismos de la mujer no son los únicos responsables de la consideración de las necesidades de las mujeres en el diseño y los impactos de las políticas públicas. Por tanto, desde la CEPAL, tal como lo plantea el documento que se presentó en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, debemos plantearnos cómo apoyar a los distintos ministerios sectoriales con quienes nos toca interactuar para integrar una perspectiva de igualdad de género como parte de la implementación de la Agenda 2030.
Para integrar los ODS en los planes y presupuestos nacionales de forma efectiva es preciso tomar en consideración los avances y las lecciones aprendidas de varias décadas de planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe.
Asimismo, fortalecer las capacidades estadísticas para la implementación de la Agenda 2030 supone seguir difundiendo el conjunto de indicadores construidos regionalmente en relación con la autonomía de las mujeres en su dimensión económica y física y en la toma de decisiones y profundizar el trabajo articulado en la CEPAL para la asistencia técnica a los gobiernos en materia de indicadores de todos los ODS.
Enfocar la mirada en los medios de implementación es fundamental para crear un entorno internacional propicio y las vías de financiamiento para la garantía de los derechos de las mujeres y el logro de la igualdad de género.
La Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, acordada por los Gobiernos de la región en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, provee una hoja de ruta para superar las brechas de implementación y alcanzar el desarrollo sostenible desde la igualdad de género, la autonomía y los derechos de las mujeres.
Las medidas de la Estrategia que se vinculan con el Objetivo 17 en materia de financiamiento, tecnología y cooperación contribuyen a crear las condiciones para el logro de la igualdad de género, los derechos y la autonomía de las mujeres en América Latina y el Caribe. Nos presentan nuevas herramientas que considerar en la asistencia técnica a los gobiernos en materia de fiscalidad, tecnología y construcción de capacidades, entre otros.
Fortalecer la arquitectura regional es clave para adaptar la Agenda 2030 a los desafíos y prioridades regionales. El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible constituye un espacio de intercambio, aprendizaje y cooperación para promover sinergias positivas para el logro de la igualdad de género en las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
Finalmente, la prioridad de propiciar espacios de diálogo entre múltiples actores se nutre de los aprendizajes de más de cuarenta años de participación activa de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En este camino, es necesario, por ejemplo, analizar cómo profundizar la participación de las mujeres en el proceso de elaboración de un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).
Amigas y amigos, la transversalización del enfoque de género en la Agenda 2030 es un compromiso de toda la CEPAL con los derechos y la autonomía de las mujeres.
Es por ello que, en un día de movilizaciones, dedicamos este espacio para la reflexión y el intercambio sobre cómo desde nuestro trabajo estamos contribuyendo a erradicar las desigualdades de género en la región y cómo podemos hacerlo de forma más integrada, profunda y acelerada en un contexto desafiante.
La invitación a todas y todos ustedes y el compromiso que en este día debemos redoblar apuntan a fortalecer nuestras propuestas concretas desde cada una de las divisiones, para apoyar a los países en la implementación de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de género.
Estoy convencida de que esta será una jornada fecunda. Cuando construimos, desde el diálogo y el intercambio, miradas compartidas sobre el umbral impostergable de los derechos que nos asisten a las mujeres y que son otra forma de dar sentido auténtico a la premisa de democracia real, honramos la memoria de tantas mujeres que dieron rostro y cimientos a nuestra patria común.
Nuestros esfuerzos son una forma de rendir tributo al empeño que antes, para llegar hasta aquí, pusieron esas mujeres, tanto las anónimas como aquellas que inscribieron por derecho propio su nombre en nuestra historia.
Quiero cerrar estas palabras evocando la reflexión de una mujer extraordinaria, la admirable Julieta Kirkwood, que nos recordaba que “las mujeres, al reconocer y reclamar sus derechos, reclaman desde la igualdad, por la democracia (…) la rebeldía o contestación femenina surge cuando hay una ‘toma de razón’ o de ‘conciencia de la contradicción’ entre los principios universales de igualdad teórica propuestos por la organización social, y las vivencias concretas de la desigualdad experimentada entre los sexos”.
Muchas gracias.