Capítulo II: "América Latina y el Caribe: examen y evaluación de la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo"

En este capítulo se examinan los avances y obstáculos encontrados en la ejecución del PA de la CIPD en los países de América Latina y el Caribe, abarcando seis áreas: i) la integración de la población en el ámbito de las políticas públicas, ii) la equidad de género y la habilitación de la mujer, iii) los derechos reproductivos y sexuales y la salud reproductiva y sexual en función de la equidad social, iv) el papel de la sociedad civil, v) el papel de la asistencia internacional y, vi) el seguimiento de los progresos en el cumplimiento de los objetivos convenidos en la CIPD.

1. Población y políticas públicas

A la fecha de la CIPD ¾ y en concordancia con los acuerdos adoptados en los foros intergubernamentales sobre población celebrados en Bucarest (1974) y México (1984)¾ los países de la región disponían de diversos arreglos institucionales destinados a impulsar tanto la incorporación técnica de las variables demográficas en la planificación del desarrollo como el diseño y puesta en práctica de políticas de población. Los debates suscitados por la CIPD, aunados a los cambios en el escenario internacional y a las modificaciones del contexto sociodemográfico regional, propiciaron el surgimiento de nuevas modalidades institucionales destinadas a integrar las variables sociodemográficas en las políticas y programas de desarrollo.

Si bien algunos de esos cambios obedecieron a restricciones operativas resultantes tanto de limitaciones en los recursos monetarios y humanos del sector público como de la reorientación de la cooperación internacional en materia de población, en su mayoría se trataba de intentos deliberados que buscaban una mejor articulación entre las intervenciones en el campo de la población y las restantes políticas públicas ¾ en particular aquellas destinadas a erradicar la pobreza y las inequidades sociales y de género y a asegurar el ejercicio de los derechos ciudadanos. En general, con estos cambios se buscó lograr un uso más eficiente y concreto del conocimiento y la información sociodemográfica en los nuevos enfoques de gestión pública, que incluyen esquemas de programación estratégica, descentralización administrativa y focalización del gasto público.

Tales tendencias son, en general, congruentes con los objetivos del PA de la CIPD en cuanto a " ... integrar plenamente los factores demográficos en: (a) las estrategias de desarrollo, la planificación, la adopción de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo a todos los niveles y en todas las regiones, con la finalidad de satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras"; (b) todos los aspectos de la planificación del desarrollo … " (PA de la CIPD, párrafo 3.4)(5).

El reemplazo de las antiguas modalidades de planificación del desarrollo por el diseño de estrategias y políticas multisectoriales permitió concentrar la acción pública en la promoción del desarrollo social y la erradicación de la pobreza. Si bien esta aproximación facilita una integración explícita de las variables demográficas en la programación del desarrollo, las dificultades políticas y técnicas para articular un consenso entre los distintos actores sociales relevantes respecto de una imagen objetivo de los escenarios deseables en materia de población ¾ y sobre los medios apropiados para alcanzarlos¾ han obstaculizado dicho propósito. No obstante, se lograron progresos en la incorporación operativa de las variables demográficas en políticas y programas específicos(6). Las limitaciones encontradas para integrar las variables demográficas en los programas de intervención pública han sido algo menores en ámbitos más desagregados, como los sectoriales y los locales.

Las estimaciones y proyecciones de población representan un insumo indispensable para estimar la magnitud de las necesidades y demandas sectoriales futuras ¾ en rubros como la salud, la seguridad social, el empleo, la educación, la vivienda y la infraestructura¾ y para evaluar la cuantía de los recursos que será necesario movilizar para su atención; esta evaluación se ha visto facilitada por los avances en el conocimiento de las interacciones específicas de la población y los objetos sectoriales (CEPAL/CELADE/BID, 1996). Asimismo, la disponibilidad de información sociodemográfica según diversos niveles de desagregación geográfica ¾ posibilitada por el desarrollo de nuevos sistemas de procesamiento de datos, como REDATAM y ZonPlan¾ ha contribuido a que las autoridades subnacionales, en especial las municipales, puedan cumplir las nuevas tareas, por ejemplo, de diseño y seguimiento de programas sociales, administración de servicios y focalización de recursos, que les han sido asignadas en los procesos de descentralización de la gestión pública emprendidos en la mayoría de los países de la región(7).

Si bien se han alcanzado progresos en materia de manejo y uso de información sociodemográfica en la programación del desarrollo, todavía resta mucho por hacer para lograr una genuina institucionalización de esta práctica. En particular, es necesario redoblar los esfuerzos por mejorar las fuentes de datos básicos (censos y encuestas) y los sistemas de procesamiento apropiados para un empleo eficiente y funcional de aquella información; de igual modo, los mecanismos existentes deben ser puestos a tono con la necesidad de una oportuna y amplia difusión de los datos sociodemográficos. Sin embargo, estos esfuerzos serán vanos si no se cuenta con los recursos humanos idóneos para el complejo ejercicio de incorporación del conocimiento e información sociodemográficos en las políticas y programas de desarrollo. En virtud de una sostenida labor de capacitación, algunos de los países de la región disponen actualmente de una masa crítica de profesionales y técnicos entrenados en temas de población; tal estrategia de formación de recursos humanos debe hacerse extensiva a los demás países. Por cierto, los avances futuros en este campo dependerán tanto de la renovación de las cohortes de especialistas como de su permanente perfeccionamiento, lo que es una condición sine qua non para adecuar las intervenciones en materia de población a los lineamientos del PA de la CIPD. Especial importancia reviste la obtención de un efectivo respaldo para la realización de los censos nacionales de población y vivienda de la ronda de la década del 2000; la información que suministren estos censos será fundamental para atender las necesidades de la población y para asumir el cumplimiento de los objetivos del PA de la CIPD.

2. Equidad de género y habilitación de las mujeres

Durante el decenio de 1990 continuó con vigor el proceso de toma de conciencia pública sobre la discriminación histórica contra la mujer en las naciones de América Latina y el Caribe, lo que se ha expresado en cambios legislativos y jurídicos, en el establecimiento de instituciones (gubernamentales y no gubernamentales) y en la adopción de políticas y programas, todas ellas medidas destinadas a mejorar la condición de las mujeres, en especial de las que viven en situación de pobreza. Entre los avances conseguidos cabe mencionar las crecientes tasas de escolarización de la población femenina infantil, adolescente y joven, que en la mayoría de los países superan a las de los varones; la sostenida incorporación de las mujeres al trabajo remunerado y la reducción, en algunos países, de la brecha salarial entre hombres y mujeres para ocupaciones similares.

Las organizaciones de mujeres, potenciadas por los avances en la democratización, han jugado un papel crucial en este proceso, que ha estado orientado por dos principios fundamentales del PA de la CIPD: la habilitación de las mujeres y la equidad de género. La habilitación se refiere tanto a la creciente participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social como al fortalecimiento de sus organizaciones para luchar de manera concertada dentro del sistema político en favor de una efectiva igualdad de derechos, oportunidades y resultados. La equidad de género apunta a sustituir las relaciones tradicionales de dominación masculina por otras de cooperación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos; implica, por tanto, una profunda transformación cultural que redefina los patrones de interacción entre mujeres y hombres en la familia, la escuela, el trabajo y la vida cultural y política, flexibilizando los roles sociales de género y asumiendo la diversidad sociocultural.

Como respuesta a la creciente preocupación de las sociedades latinoamericanas y caribeñas por las manifiestas inequidades de género, algunos países han creado ministerios encargados de los asuntos relacionados con la mujer(8). En coherencia con las orientaciones del PA de la CIPD, estas secretarías de Estado han dado prioridad en su agenda a asuntos como la violencia intrafamiliar, el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales y la provisión de servicios de salud reproductiva y sexual idóneos. Otros países optaron por fortalecer los Institutos Nacionales de la Mujer, que suelen estar abiertos a la participación de instituciones de la sociedad civil(9). Por cierto, junto con la instalación de estos organismos se han formulado políticas y programas nacionales para el fortalecimiento de la condición de la mujer y la igualdad de oportunidades(10).

En años recientes la mayoría de los países de la región ha adoptado legislaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. La "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (1995) y la legislación modelo preparada por la CARICOM para los países del Caribe son hitos importantes en este camino. La aplicación de esta legislación consistió en el establecimiento de tribunales de familia, de clínicas jurídicas, comisarías o cuerpos especiales de policías entrenados para atender denuncias de violencia intrafamiliar, fiscalías especiales para la mujer y el menor desprotegido y centros municipales de defensa del niño y del adolescente. También se ha legislado para prevenir y sancionar el acoso sexual. En cuanto a legislación sobre violencia sexual contra las niñas, una evaluación reciente realizada en cinco países (Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú) concluye que en tres de ellos se lograron avances después de la CIPD y que en los dos restantes se está tramitando una nueva legislación; sin embargo, al menos en cuatro de esos países persisten insuficiencias reglamentarias (RSMLAC, 1998). Por su parte, la Oficina de UNIFEM en Barbados viene efectuando, desde fines de 1997, una campaña en favor de una vida libre de violencia contra las mujeres (Women's Human Rights Campaign: A life free of violence) en la que participan veintiún países del Caribe.

Otras medidas legales que contribuyeron a la equidad de género en algunos países de la región son las que apuntan a: fortalecer la paternidad responsable, establecer la igualdad de derechos entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, autorizar el uso de tecnología avanzada para determinar la filiación biológica y hacer más expeditos y efectivos los juicios por pensiones alimenticias. En el ámbito político institucional, numerosos países (entre ellos Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) incorporaron a su legislación electoral disposiciones tendientes a asegurar un mínimo de participación de mujeres entre los candidatos a elecciones populares; esta participación mínima llega a un 40% en el caso de Costa Rica y fluctúa entre un 20% y un 30% en los demás países. Sin embargo, este sistema de cuotas electorales no garantiza, por sí sólo, una representación equitativa de varones y mujeres en los cargos de designación popular. Las "acciones afirmativas" debieran ir acompañadas por un proceso de formación de liderazgo entre las mujeres y por campañas efectivas en favor de la igualdad de oportunidades en las esferas políticas.

La habilitación de la mujer exige, entre otros aspectos, que se satisfagan sus necesidades de atención de salud reproductiva y sexual. Su participación en los programas pertinentes¾ de los cuales son beneficiarias principales, que no únicas¾ atañe al diseño, gestión y seguimiento de los mismos. Este involucramiento, que puede constituir un componente de los propios programas o resultar de la acción de vigilancia y supervisión de la comunidad, debe asegurar que la provisión de los servicios considere las prioridades de todos los grupos de mujeres, en particular de las pobres ¾ que constituyen la mayoría de las usuarias¾ y de las adolescentes, frecuentemente carentes de espacios para expresar sus preocupaciones. Aunque se han conseguido avances importantes en esta materia mediante acciones que tienden a asegurar una mayor injerencia de las mujeres en estos programas o con mecanismos que propicien la intervención de ONG de mujeres en el diseño y planificación de las actividades en el campo de la salud reproductiva y sexual(11), todavía existen rezagos y son numerosos los países en que estas iniciativas aún no se ponen en práctica.

Como la habilitación de la mujer compete a varones y mujeres, la superación de las inequidades de género exige un cambio generalizado de mentalidad y así lo reconoce el PA de la CIPD: "Los cambios de los conocimientos, las actitudes y el comportamiento de hombres y mujeres constituyen una condición necesaria para el logro de una colaboración armoniosa entre hombres y mujeres" (párrafo 4.24). Diversos estudios señalan que tal cambio de mentalidad se ve dificultado porque en los países de la región existe un "modelo patrifocal o androcéntrico" que está incorporado en la subjetividad de los hombres y forma parte de un patrón de relaciones de género que prevalece desde tiempos coloniales. Estos estudios revelan una conciencia creciente sobre las consecuencias negativas - para las mujeres y para los propios hombres- del paradigma tradicional de masculinidad, al tiempo que detectan el surgimiento de modelos alternativos, que incorporan, entre otros aspectos, la expresión del afecto y la emocionalidad por parte de los varones y su participación en actividades de la reproducción y del hogar que son consideradas tradicionalmente femeninas (IPPF/AVSC, 1998)(12). En este sentido, muchos países incorporaron un enfoque de género en los programas nacionales de educación sexual con el propósito de fomentar el ejercicio responsable de la sexualidad y la paternidad; en algunos casos también se usan estrategias educativas para la población masculina adulta(13). En años recientes surgieron grupos de hombres que, sin alcanzar un protagonismo como el de las organizaciones de mujeres, buscan reemplazar el modelo tradicional de dominación masculina por otro de cooperación, compañerismo y responsabilidad compartida(14).

3. Derechos reproductivos y sexuales, salud reproductiva y sexual y equidad social

El derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para tales fines es ampliamente reconocido por los países de la región desde la Conferencia Mundial de Población celebrada en Bucarest (1974). Este reconocimiento se expresa en la Constitución Política de algunos países, en leyes de población, en políticas de población, en los planes de salud o en los programas nacionales de planificación familiar. El PA de la CIPD es un salto cualitativo en esta materia, pues apoya una nueva estrategia que enfatiza la relación integral entre la población y el desarrollo y "se concentra en responder a las necesidades de hombres y mujeres como individuos, en lugar de lograr sólo metas demográficas" (Sadik, 1995). El nuevo concepto de salud reproductiva y sexual forjado en la CIPD entraña un progreso sustantivo: por primera vez se concuerda en que "los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso’’ (PA, párrafo 7.3). Este nuevo concepto va más allá de la planificación familiar, pues amplía el horizonte de aquellos derechos a todo el ámbito de la reproducción, la sexualidad y las relaciones de género.

Luego de la CIPD, algunos países — entre ellos Antigua y Barbuda, Barbados, Brasil, Ecuador, Jamaica, México, Perú y Trinidad y Tabago— revisaron su legislación o adoptaron nuevas leyes tendientes a asegurar el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales y, en ese marco, el acceso sin discriminación a los servicios de salud reproductiva y sexual(15). Si bien la mayoría de los países ha asumido — al menos nominalmente— el concepto de salud reproductiva y sexual en sus políticas públicas o de salud, son pocos (Bolivia y Panamá entre otros) los que incluyen explícitamente la salud sexual como un componente importante de la salud reproductiva y sexual. Cabe destacar que la CIPD alertó sobre el riesgo de vulnerar los derechos reproductivos y sexuales que se presenta cuando se fijan metas cuantitativas en materia de fecundidad; en su reemplazo, enfatizó la necesidad de considerar objetivos cualitativos que promuevan la habilitación de los individuos y parejas para que adopten decisiones libres e informadas sobre el número y espaciamiento de sus hijos y respecto de los métodos anticonceptivos que les parezca apropiado utilizar. En general, esta recomendación ha sido seguida, y si bien algunos países mantienen metas demográficas en sus políticas o programas de población, han evitado presiones indebidas sobre los potenciales usuarios.

3.2. Avances en materia de educación sobre sexualidad y salud reproductiva y sexual

En la mayoría de los países de la región, se ha tendido a sustituir la visión biologista y parcial de la educación sexual, aún vigente en los años ochenta, por una concepción interdisciplinaria ¾ que se integra de forma transversal a los currículos de educación primaria y secundaria¾ orientada tanto al desarrollo de actitudes y valores como a una adecuada comprensión de las nociones de género, ciudadanía y derechos reproductivos y sexuales. Un progreso importante es la introducción, en algunos países, de la educación sobre sexualidad y salud reproductiva y sexual en los programas de formación de los futuros profesores(16). Asimismo, después de la CIPD, en la región se desarrollaron diversos programas de educación no formal en materia de población y salud reproductiva y sexual, habitualmente integrados a iniciativas de alfabetización, y programas innnovativos dirigidos a los trabajadores ¾ y sus familiares¾ de empresas, cooperativas y sindicatos, del sector formal y del informal; las ONG han jugado un papel activo en estos programas(17). Por último, se ensayaron nuevos métodos educativos, coherentes con las directrices de la CIPD, que se proponen capacitar a las personas y comunidades para convertirlos en agentes dinámicos de los programas de salud centrados en la oferta a otros centrados de la demanda(18).

El PA de la CIPD plantea: "Velar por que se presten a las poblaciones indígenas los servicios relacionados con la población y el desarrollo que ellas consideren adecuados desde los puntos de vista social, cultural y ecológico" (párrafo 6.24). Este predicamento es particularmente válido para la región, gran parte de cuyos pueblos indígenas viven en condiciones de marginalidad y pobreza y presenta niveles elevados tanto de fecundidad observada y de fecundidad no deseada como de mortalidad infantil. Siguiendo las directrices de la CIPD, el FNUAP puso en marcha ¾ en Bolivia y Perú¾ una Estrategia Regional de Salud Reproductiva para Poblaciones Indígenas, que incluye la alfabetización bilingüe en temas de derechos y salud sexual y reproductiva.

3.3. Avances en materia de servicios de salud reproductiva y sexual

Para enfrentar las exigencias que supone la introducción y consolidación de servicios integrales de salud reproductiva y sexual es necesario ¾ amén de ampliar la atención a todos los tramos del ciclo de la vida sexual y reproductiva, incluida la etapa adolescente— emprender una estrategia multisectorial y multidisciplinaria que propicie la participación de la sociedad civil y de los propios beneficiarios, la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales vulnerables, la habilitación de la mujer y la equidad de género. Cabe agregar que, para ser coherente con el espíritu del PA de la CIPD, esa estrategia debe prestar pleno respeto a las convicciones de las personas y obviar toda forma de discriminación, coacción o violencia. En tal sentido, en la región se realizan importantes esfuerzos, con participación de los gobiernos, las ONG, el sector privado y organismos internacionales, que apuntan a la readecuación institucional y a la capacitación de los recursos humanos.

Numerosos países de la región revisaron sus estructuras institucionales de salud con el propósito de subsumir las instancias (preexistentes) encargadas de salud maternoinfantil y de la planificación familiar dentro de nuevas dependencias responsables de operacionalizar la concepción de salud reproductiva y sexual incorporada en el PA de la CIPD. En varios casos se formularon programas integrados de salud reproductiva y sexual, que incorporan la atención perinatal, la planificación familiar, la prevención del aborto y la atención de sus complicaciones, la prevención de ETS, ITR y del VIH/SIDA, la detección oportuna del cáncer ginecológico, la prevención de la violencia sexual y doméstica y la atención a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. En otros casos (como Dominica y Guyana) se incluyeron algunos componentes de salud reproductiva y sexual en los planes nacionales de salud o en los programas de salud de la mujer. Varios países están poniendo en práctica esquemas de reforma del sector salud que comprenden la descentralización de los servicios, incluidos los de salud reproductiva y sexual. La transformación institucional ha sido compleja, debido tanto al peso de las inercias burocráticas ¾ que tienden a mantener segmentadas las prestaciones, la programación, la capacitación, el seguimiento y la evaluación¾ como a las debilidades de gestión.

La experiencia de los países sugiere que todavía hay una comprensión limitada del concepto de salud reproductiva y sexual, causada por la persistencia de actitudes tradicionales en materia de género y por la oposición que este enfoque suscita entre algunos sectores de la sociedad. Se estima que una de las principales causas de la debilidad de los servicios de salud en general, y de salud reproductiva y sexual en particular, estriba en la insuficiente calificación de los prestadores de servicios. Si bien se emprendieron esfuerzos de capacitación en varios países(19), persisten deficiencias —como la falta de contenidos sobre sexualidad y salud sexual, la omisión del tema central de los derechos reproductivos y sexuales y la ausencia de la perspectiva de género— que dificultan la transición hacia un enfoque de atención integral de la salud reproductiva y sexual. Una iniciativa importante para superar tales deficiencias es el Curso de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva para Centroamérica impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Managua, con apoyo financiero y técnico del FNUAP.

3.4. Avances en materia de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes

Desde antes de la CIPD, el embarazo en la adolescencia ha sido motivo de especial preocupación en todos los países de la región, pues tiene lugar entre personas que aún no alcanzan suficiente madurez biológica y sicosocial. También suele acarrear vetos educacionales y sociales que van en desmedro de la realización personal de las adolescentes, de su calificación para una inserción laboral productiva y las inhabilita para el ejercicio efectivo de sus derechos ciudadanos. Como la fecundidad en la adolescencia es más frecuente entre los grupos pobres, sus repercusiones negativas ¾ para los y las progenitores y para sus hijos¾ comúnmente forman parte del síndrome de reproducción intergeneracional de la pobreza. La preocupación por el embarazo en la adolescencia se ve reforzada por su carácter refractario al descenso; la fecundidad de las mujeres menores de 20 años de la región disminuyó más lentamente que entre otros grupos etarios ¾ y en algunos países incluso ha experimentado alzas¾ , lo que ha conllevado un incremento de su participación en la fecundidad total. Otro aspecto destacable es que la actividad sexual entre los y las adolescentes tiende a efectuarse sin resguardos, por lo que puede resultar en fecundidad no deseada, establecimiento de uniones prematuras e inestables y mayores riesgos de contraer ETS y VIH/SIDA.

Las primeras medidas adoptadas por los países de la región para enfrentar el problema del embarazo en la adolescencia se orientaron a apoyar la permanencia de las personas en el sistema educativo o a facilitar su inserción laboral. En años recientes, y sin abandonar estas medidas, el énfasis se concentró en la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. La experiencia muestra que el mero acceso de los y las adolescentes a los servicios de salud reproductiva y sexual o de planificación familiar que atienden normalmente a la población adulta es una respuesta insuficiente; por ello, varios países pusieron en práctica programas que, más allá de la atención a las embarazadas, proporcionan servicios especializados de salud reproductiva y sexual para los y las adolescentes(20). Algunos países del Caribe (Barbados, Granada, Jamaica y Trinidad y Tabago) cuentan con programas de atención a las madres adolescentes —con componentes de información, educación y comunicación—, en su mayoría gestionados por ONG. Puede concluirse entonces que luego de la CIPD se ha pasado de una etapa dominada por la preocupación a otra centrada en la acción(21). Sin embargo, los avances en la dirección definida por el PA de la CIPD hacen necesario superar algunas dificultades: la cobertura aún limitada de los servicios, que tienen un fuerte sesgo urbano; la escasez de personal capacitado en la prestación de servicios de salud reproductiva y sexual para los y las adolescentes (especialmente en educación y consejería); la débil coordinación entre los organismos públicos, las agencias privadas y las ONG, y la persistencia de desacuerdos sobre el marco valórico que debiera regir la oferta de servicios.

3.5. Avances en materia de maternidad sin riesgo

La maternidad sin riesgo es un componente central del concepto de salud reproductiva y sexual adoptado por el PA de la CIPD e incluye tanto la posibilidad de disfrutar de una maternidad voluntaria y saludable como la de experimentar embarazos y partos seguros y dar a luz hijos sanos. La situación imperante en los países de América Latina y el Caribe dista de dar un pleno cumplimiento de estos objetivos fundamentales. En efecto, la persistencia de la mortalidad materna es un hecho indiscutible y preocupante, pues a pesar de ser casi en su totalidad evitable ¾ por medio de la prevención de embarazos de riesgo y el continuo y apropiado seguimiento de las gestantes¾ afecta principalmente a las mujeres pobres. Aunque los problemas de identificación, clasificación y registro impiden determinar la magnitud exacta de la mortalidad materna, existen algunas estimaciones sobre su incidencia (UNFPA, 1998a). En la región como un todo se calcula que una de cada 130 mujeres se encuentra sujeta al riesgo —a lo largo de la vida— de morir por causas asociadas al embarazo y el parto, razón que supera en casi catorce veces el promedio de las naciones desarrolladas; este indicador varía considerablemente entre los países y se eleva a una de cada 26 mujeres en Bolivia (WHO, 1996). Según los datos de las encuestas demográficas y de salud levantadas en el decenio de 1990, en tres países de la región (Haití, Bolivia y Perú) se producían más de 200 muertes maternas por cada cien mil nacimientos y en otros cuatro (Ecuador, Paraguay, El Salvador y Guatemala) esta razón alcanzaba entre 100 y 200 (CEPAL, 1998).

En general, los altos niveles de mortalidad materna son indicativos de las debilidades de cobertura y calidad que afectan a los servicios de salud, en particular de aquellos del ámbito reproductivo y sexual. La falta de recursos, humanos y físicos, resulta en muchas muertes maternas fácilmente evitables, especialmente entre los grupos pobres; por ejemplo, en México, la razón de mortalidad materna en el estado de Oaxaca —de alto grado de marginación— es ocho veces superior a la del estado de Nuevo León (CONAPO, 1996); en Bolivia se estima que la tasa de mortalidad materna en el área rural casi cuadruplica la del área urbana (INE/Macro International Inc., 1994). Por tanto, el que una mujer muera a raíz del embarazo o el parto revela una injusticia social, que se manifiesta tanto en su escaso acceso a servicios de salud reproductiva de buena calidad como en los limitados medios de que dispone para desarrollar su vida cotidiana. Desde luego, la mortalidad materna representa un caso extremo de inseguridad en materia de salud reproductiva y sexual; sin embargo, debe tenerse presente que, de acuerdo con las estimaciones disponibles, por cada mujer que muere a raíz de causas asociadas a la maternidad, otras treinta sufren daños (tales como fístulas, anemia, ruptura del útero, prolapso, inflamación de la pelvis y heridas del tracto genital inferior) (UNICEF, 1996). Estos antecedentes ponen en evidencia que la maternidad en los países de América Latina y el Caribe involucra elevados riesgos, especialmente para las mujeres de los grupos sociales más vulnerables.

La morbimortalidad materna se vincula con hemorragias severas, infecciones, abortos en condiciones inseguras, eclampsia, embarazo ectópico, embolias y diversas causas indirectas (anemia, malaria y afecciones cardíacas). En particular, el aborto inducido y en condiciones sépticas —de manera directa o a raíz de sus complicaciones— es el factor responsable de más de un quinto de las muertes maternas que ocurren en América Latina y el Caribe (WHO, 1997; Gómez, 1997). Una estrategia de maternidad sin riesgo debe combinar la oferta de servicios que permitan prevenir los embarazos no deseados con la atención para evitar el aborto y enfrentar de manera apropiada sus complicaciones. El cuidado rutinario durante el embarazo, los tratamientos de emergencia frente a las complicaciones obstétricas, el aumento de la tasa de partos institucionales (y de su atención por personal capacitado) y los controles durante el puerperio contribuyen a una maternidad saludable.

Como todo embarazo entraña peligros para la salud de la mujer, la mejora en el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual, particularmente para los grupos de mayor riesgo —representados por las adolescentes, las mayores de 39 años y las que tienen un alto rango de paridez—, puede contribuir decisivamente a disminuir la mortalidad materna y los problemas de salud a largo plazo. Las medidas de tipo preventivo —orientadas a evitar embarazos no deseados— y las que contemplan el tratamiento oportuno de complicaciones son altamente efectivas en términos de costos, pues amén de impedir muertes prematuras, enfermedades y daños, reducen la necesidad de enfrentar complejas operaciones y atenciones especiales a mujeres que experimentan diversas limitaciones. Sin embargo, una maternidad segura requiere, además de servicios de salud reproductiva de calidad, la plena habilitación de las mujeres para que estén en condiciones de ejercer sus derechos —entre ellos los reproductivos y sexuales— y adoptar decisiones libres e informadas.

Aun cuando se carece de series cronológicas sobre las estimaciones de la mortalidad materna para los países de la región, algunos indicadores ¾ como la disminución de la proporción de nacimientos no deseados, la mayor accesibilidad a los servicios de salud y la estabilización relativa del número absoluto de nacimientos anuales¾ permiten suponer que su incidencia se ha reducido en los últimos años. Según la información de las encuestas demográficas y de salud, la cobertura de servicios de atención prenatal y de partos asistidos por personal capacitado se ha incrementado en la mayoría de los países; sin embargo, estos servicios son escasos en las áreas rurales. Las tasas de prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas se elevaron en la región y se estima que llegaban a alrededor del 60% para todos los métodos y al 49% para los modernos (FNUAP, 1998); a pesar de este avance, persisten grandes diferencias entre países: mientras algunos (Brasil, Costa Rica y Colombia) registraban niveles de cobertura similares a los de los Estados Unidos, en otros (Bolivia, Guatemala, Haití y Nicaragua) se mantenían tasas de prevalencia bastante menores que el promedio regional(22).Las encuestas recientes muestran que una fracción no despreciable de la fecundidad observada corresponde a fecundidad no deseada, fracción que es particularmente alta en Bolivia (43.8% en 1994) y en Perú (37.1% en 1996), países en los que es mayor la proporción de parejas que usan métodos tradicionales, que generalmente son menos eficaces que los modernos. Por último, en casi todos los países de la región se han adoptado iniciativas dirigidas a la promoción de una maternidad segura(23).

3.6. Avances en materia de prevención del VIH/SIDA

Como en otras regiones del mundo, en América Latina y el Caribe el VIH/SIDA presenta rasgos epidémicos que varían entre y dentro de los países; sin embargo, más allá de esta heterogeneidad, la pandemia se concentra principalmente en los grupos pobres. Si bien en sus comienzos (a fines de la década de 1970) las epidemias del VIH/SIDA en la región provocaron mayor daño entre los hombres que tienen relaciones con otros hombres y en los usuarios de drogas inyectables, en años recientes aumentó la tasa de prevalencia de infección entre las mujeres, indicando el creciente alcance de la transmisión heterosexual(24)²⁴ la evidencia sugiere, además, un rápido incremento de la proporción de jóvenes —de 15 a 24 años— entre los nuevos casos (ONUSIDA/AIDSCAP, 1998). A diferencia de lo ocurrido en la década pasada, el actual perfil epidemiológico del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe se muestra proclive a la rápida difusión de la infección del VIH: lenta, pero sostenidamente, se está asentando en comunidades vulnerables —incluso rurales—, que se caracterizan por sus desventajas socioeconómicas y por la falta de información apropiada para prevenir los riesgos(25) ; el creciente predominio de jóvenes y la alta proporción de mujeres entre los nuevos casos de infección con VIH; la movilidad de la población y la migración —interna e internacional—, que contribuye a una continua y más amplia difusión de la pandemia (Bronfman, 1998; UNAIDS/AIDSCAP, 1998).

El cuadro de la situación del VIH/SIDA en América Latina y el Caribe es ambivalente, pues su prevalencia crece aceleradamente en algunos países (especialmente en el Caribe, Centroamérica, Colombia y México) y en otros parece tender a una relativa estabilización (UNAIDS/WHO, 1998a). Se estima, para el conjunto de la región, que el número de nuevos infectados con VIH durante el año 1998 fue de 200 mil personas, llevando el total de casos a 1.7 millones de niños y adultos; la tasa de prevalencia entre los individuos de entre 15 y 49 años de edad llegaba a 0.57% (UNAIDS/WHO, 1998b). Con todo, en la región aún hay tiempo para detener su propagación; la experiencia de algunos países desarrollados demuestra que se requiere hacer más hincapié en la satisfacción de las necesidades de prevención, particularmente entre los jóvenes y los grupos pobres. Las mujeres jóvenes y adolescentes —que no están en condiciones de convenir prácticas de sexo seguro con sus parejas o que han sido objeto de abuso sexual— son especialmente vulnerables al VIH/SIDA; también lo son los hombres jóvenes y adolescentes que carecen de información apropiada sobre la materia y tienen comportamientos sexuales descuidados. No obstante, es justamente entre los y las jóvenes donde estriba la mayor esperanza para poner atajo a este problema; su oportuna educación y concientización, antes de que se expongan al riesgo, es el modo más efectivo de propiciar prácticas sexuales seguras y responsables, incluida la abstinencia voluntaria(26).En definitiva, las conductas que adopten los y las jóvenes de ahora y aquellas que mantengan a lo largo de sus vidas determinarán el curso de la pandemia en las décadas venideras.

Como la infección por VIH es aún incurable y los tratamientos terapéuticos para extender la vida de las personas infectadas —mediante el uso de una combinación de drogas de antiretrovirales— son extremadamente onerosos y de difícil administración, los esfuerzos deben orientarse a su prevención. Los programas de salud reproductiva y sexual pueden desempeñar un papel crucial en esta dirección si entre sus componentes se contemplan: información y consejería, especialmente a las mujeres y los adolescentes de ambos sexos, sobre las formas de transmisión del VIH/SIDA —incluida la de tipo vertical (de madre a hijos)— y sobre las conductas adecuadas para prevenir los riesgos; la oferta y distribución de condones masculinos y femeninos, que actualmente constituyen la única tecnología que puede prevenir la transmisión del VIH a través de las relaciones sexuales; la prevención y el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, que aumentan el riesgo de la transferencia del VIH; la capacitación del personal de los servicios de salud reproductiva y sexual sobre la prevención del VIH/SIDA; la recolección de información y la ejecución de investigaciones sobre conocimientos, actitudes, prácticas y conductas que inciden sobre la salud sexual con el propósito de generar un conocimiento de utilidad para programar estrategias más eficaces de prevención y control del VIH/SIDA.

No obstante el potencial de los programas de salud reproductiva y sexual para prevenir la transmisión del VIH/SIDA, las actividades pertinentes suelen formar parte de programas verticales y funcionalmente independientes. En la mayoría de los países de la región se utilizan los medios de comunicación para crear conciencia sobre los riesgos de contraer el VIH/SIDA; sin embargo, algunas de esas campañas provocaron la resistencia de sectores de opinión contrarios a la promoción del uso del condón, a que se proporcione este tipo de información a los adolescentes o a que se hable abiertamente de la homosexualidad. No obstante los esfuerzos realizados, el conocimiento sobre la prevención del VIH/SIDA es aún insuficiente, especialmente entre las poblaciones rurales y los grupos pobres. En varios países se fomenta la investigación y capacitación sobre aspectos específicos de la pandemia(27). Otra iniciativa en tal sentido es la inclusión de temas de epidemiología y prevención del VIH/SIDA en los currículos de las escuelas y facultades de medicina.

En aquellos países en que las acciones dirigidas a prevenir el VIH/SIDA son uno de los componentes de los programas de salud reproductiva y sexual, como México y Panamá, se consiguen efectos de sinergia. Por ejemplo, el programa de México incluye la distribución gratuita de preservativos en el nivel primario de atención, servicios de diagnóstico y tratamiento a otros niveles y una intensa campaña de información, educación y comunicación pública sobre el VIH/SIDA. En Brasil, que fue el primer país en notificar casos de SIDA a comienzos de la década de 1980, las áreas de salud de la mujer, los niños y los adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual/SIDA (DES/SIDA) del Ministerio de Salud diseñaron estrategias conjuntas, de ejecución descentralizada para enfrentar el problema. Como parte de esta estrategia, las medidas para prevenir la transmisión vertical del VIH —opciones de lactancia y administración del AZT— han dado excelentes resultados; asimismo, las terapias combinadas de antiretrovirus, que el sistema de salud puso a disposición del público a comienzos de la década de 1990, han permitido prolongar la vida de un alto número de personas infectadas con el VIH y reducir la cantidad de internaciones hospitalarias (CNPD, 1998).

3.7. Avances en la equidad en el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual

Aunque después de la CIPD son patentes los esfuerzos por ampliar la cobertura de los servicios de salud reproductiva y sexual en la región, persisten marcadas inequidades en el acceso a estos servicios, lo que restringe las posibilidades de ejercer plenamente los derechos reproductivos y sexuales. Las mujeres con mayor educación tienen una cantidad de hijos casi siempre coincidente con sus aspiraciones; en cambio, una fracción importante de la fecundidad de las que tienen bajo nivel de instrucción es no deseada. En particular, en los países de la región de transición demográfica poco avanzada, la fecundidad no deseada se ha mantenido elevada entre los grupos pobres, no obstante el descenso de su tasa global de fecundidad(28). Las dificultades que encuentran los grupos pobres para ejercer lo que es un derecho básico ¾ lograr una coincidencia entre los hijos que desean y los que realmente tienen¾ están ligadas a las necesidades insatisfechas de salud reproductiva y sexual.

Para garantizar una genuina equidad de la oferta de servicios de salud reproductiva y sexual, además de expandir la cobertura, es necesario mejorar su calidad y poner en práctica, de modo riguroso y sostenido, los compromisos contraídos en El Cairo en cuanto a incorporar las nuevas concepciones de salud reproductiva y sexual en los enfoques de reforma del sector salud que están en curso en varios países de la región. Los antecedentes disponibles indican que, en muchos casos, la calidad de la oferta de los servicios de salud reproductiva y sexual es más bien baja, a causa de la insuficiencia de personal de consejería capacitado para dar respuesta a las necesidades de los diferentes grupos — en particular, los indígenas, las mujeres que no están en unión (o cuya pareja es reticente al uso de estos servicios) y los y las adolescentes— y para proporcionar información veraz y pertinente que asegure la libre opción y el uso adecuado de los procedimientos que los usuarios elijan. Adicionalmente, la calidad de los servicios se ve afectada por problemas de accesibilidad y por una inapropiada relación entre los proveedores de la oferta y los potenciales beneficiarios. El mejoramiento de la calidad exige también proporcionar una gama amplia de métodos, para permitir que las personas opten por aquellos que mejor se adapten a sus convicciones y a su etapa del ciclo reproductivo(29).

4. Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil

A raíz de la reforma del Estado y de los procesos de democratización en curso, la sociedad civil y sus organizaciones ganaron reconocimiento como protagonistas del desarrollo en la región. Esto contribuyó a que se crearan diversas instancias de participación tanto en la toma de decisiones como en la ejecución y seguimiento de las políticas y programas.

Aunque esta participación no ha avanzado al mismo ritmo en todos los países ¾ e incluso en algunos ha experimentado retrocesos¾ , los esfuerzos realizados son coincidentes con uno de los objetivos del Programa de Acción de la CIPD: "... fomentar una colaboración efectiva entre todos los niveles de gobierno y toda la gama de organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios locales en los debates y decisiones sobre la concepción, ejecución, coordinación, vigilancia y evaluación de programas relativos a la población, el desarrollo y el medio ambiente ... " (PA de la CIPD, párrafo 15.7). En efecto, la mayoría de los gobiernos tomó medidas para promover la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas en el campo de población.

Algunos países abrieron espacios en las instancias responsables de los programas de población(30). En Perú se creó, en 1997, una Mesa Tripartita de Seguimiento de la CIPD, en la que participa tanto el gobierno, como diversas ONG, entidades académicas y organismos internacionales.

En República Dominicana, Uruguay y Venezuela esos espacios fueron creados para el seguimiento de la ejecución de la Plataforma de Acción adoptada en la Conferencia de Beijing, que incluye el examen de algunos de los temas de la CIPD ¾ como la equidad de género, la habilitación de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y salud reproductiva y sexual¾ , todo con un gran protagonismo de las organizaciones de mujeres y con grados variables de involucramiento gubernamental.

Una tercera situación está constituida por aquellas instancias, algunas transitorias y otras permanentes, de diálogo y concertación de la sociedad civil en torno a la estrategia de desarrollo o a las orientaciones del desarrollo social(31). En ocasiones, estos espacios de participación permitieron que las organizaciones de la sociedad civil tomasen la iniciativa de incorporar temas de población dentro de la agenda de discusión pública nacional(32).

Las organizaciones de mujeres ¾ cruciales a la hora de promover la participación de la sociedad civil, y potenciadas con la formación de redes nacionales, subregionales y regionales¾ fomentaron cambios legislativos, institucionales y de las políticas públicas. En algunos casos, la búsqueda de estos cambios apuntó a crear conciencia pública sobre las demandas y propuestas de las mujeres, lo que resultó en la preparación de agendas o planes de acción(33). En otros, la acción se dirigió a armonizar la legislación con los objetivos del PA de la CIPD y de la Plataforma de Acción adoptada en Beijing(34). Asimismo, las organizaciones de mujeres impulsaron la adopción de legislación, el establecimiento de instituciones y la formulación de políticas públicas para combatir la violencia contra la mujer. Otras organizaciones de mujeres participan en la ejecución de ejercicios de supervisión y control ciudadano en relación con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los gobiernos en las conferencias internacionales relacionadas con la salud y los derechos de las mujeres(35).

El sector privado, por su parte, desempeña también un importante papel en el campo de la salud reproductiva y sexual y atiende principalmente las necesidades de los grupos de ingresos relativamente altos. Los estratos medios y bajos dependen, básicamente, de los servicios provistos por el sector público y las ONG; mientras el primero comprende el componente maternoinfantil, las patologías del sistema reproductivo, las enfermedades de transmisión sexual y ¾ con grados de cobertura variable¾ los servicios de planificación familiar, las ONG se concentran en la planificación familiar y en otros aspectos específicos de la salud reproductiva y sexual ¾ como la detección precoz del cáncer cervicouterino¾ y proporcionan un fuerte apoyo en información, educación y comunicación(36).

Algunos gobiernos reconocen que los organismos de la sociedad civil cumplen una función complementaria de los servicios del sector público(37); sin embargo, en varios casos se advierte que tal complementariedad se ve dificultada por una falta de mecanismos de coordinación entre las ONG y los gobiernos ¾ que, a veces, mantienen relaciones hostiles entre sí¾ y por la escasa comprensión de la importancia de esa colaboración entre los funcionarios de gobierno. A su vez, los obstáculos que encuentran las instituciones de la sociedad civil para vincularse con el sector público provienen de las debilidades institucionales y de la falta de recursos financieros que les permitan desarrollar una labor sostenida en el tiempo.

5. El papel de la cooperación internacional

La cooperación internacional juega un papel muy importante en la promoción y el apoyo técnico y financiero de las actividades de población y desarrollo en la región. Aun cuando en las últimas cuatro décadas los países tendieron a internalizar e institucionalizar varias de estas actividades y asumieron gran parte de su financiamiento, algunos siguen dependiendo de la asistencia internacional, sea porque esas actividades son objeto de controversia o porque los recursos nacionales son muy limitados en todos los frentes del desarrollo. La cooperación financiera internacional ¾ provista tanto por organismos gubernamentales como privados¾ es canalizada a los receptores (entidades públicas y no gubernamentales) por medio de instituciones bilaterales, multilaterales y ONG internacionales(38). Esta cooperación, además de asistencia financiera, incluye la provisión de equipos e insumos, asesoría técnica y capacitación. Recientemente, y en consonancia con las recomendaciones de la CIPD, cobró importancia la colaboración horizontal entre instituciones de los propios países en desarrollo.

El total de los fondos de la cooperación internacional (desembolsos de los donantes primarios o de los agentes de intermediación en favor de los receptores finales) para actividades de población en la región ¾ expresados en dólares de los EEUU constantes de 1987¾ aumentó de 67 millones de dólares en 1987 a 92 millones en 1990 y a 111 millones en 1993; en 1994, año en que se celebró la CIPD, el flujo se elevó a 190 millones y se mantuvo en ese nivel en los dos años siguientes(39). En el bienio 1993-1994 los países de América Latina y el Caribe recibieron casi el 19% del total mundial de los fondos de la cooperación internacional en materia de población, proporción mayor que la recibida en el bienio 1991-1992 (16). En el bienio posterior a la CIPD (1995-1996), la proporción de la asistencia financiera percibida por la región se redujo a poco más del 13% del total. De estas cifras se desprende que la prioridad de la región disminuyó después de celebrada la CIPD; en tanto, el monto de aquella asistencia a escala mundial se incrementó en un 77% entre los bienios 1993-1994 y 1995-1996 y los fondos destinados a los países de América Latina y el Caribe aumentaron sólo en un 13% (UNFPA, 1996)(40).

En cuanto a insumos, los países de la región recibieron en el bienio 1995-1996 anticonceptivos por un valor equivalente al 10% del total gastado a escala mundial, porcentaje inferior al obtenido en el bienio anterior a la CIPD (16%)(41). Además de financiamiento e insumos, las agencias y las ONG internacionales proporcionan asesoría técnica y capacitación en beneficio de las instituciones nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que trabajan en el campo de población y desarrollo. La asesoría y la capacitación se orientan principalmente a los países con menor capacidad técnica propia y tienen como objetivo a largo plazo su autosuficiencia en materia de recursos humanos. Un aporte importante de la asistencia técnica es la transferencia de conocimientos y experiencias entre países. La contribución más amplia y sistemática en materia de asistencia técnica es la del FNUAP, mediante su Equipo de Apoyo Técnico para los países de América Latina y el Caribe, y la del CELADE (División de Población de la CEPAL)(42).

El FNUAP, con recursos programables que ascendieron a US$ 322 millones en 1997, es la mayor fuente de asistencia financiera en materia de población en el mundo. En ese mismo año la asignación de fondos a los países de América Latina y el Caribe alcanzó a US$ 36 millones, monto equivalente al 11% del total mundial, proporción inferior a lo desembolsado por el FNUAP en la región en 1996 (12%). Aproximadamente las dos terceras partes (64%) de los recursos asignados en 1997 se destinaron a programas de salud reproductiva, incluida planificación familiar (UNFPA, 1998b). Paralelamente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presupuestó, en 1998 y 1999, aproximadamente US$ 140 millones anuales para programas de población y salud (que incluyen un fuerte componente de salud reproductiva y sexual) en trece países de la región; esta cifra es inferior a la contemplada para aquellos programas en 1997 (US$ 167 millones). La importancia relativa del rubro de población y salud dentro del total de recursos considerados por la USAID para América Latina y el Caribe ha mostrado una tendencia decreciente en el último trienio (USAID, 1998)(43). De manera similar, el último informe anual de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) destaca que la región experimentó en el año 1997 una generalizada reducción de los aportes financieros procedentes de diversos gobiernos donantes, que reorientaron su contribución a otras regiones del mundo (IPPF, 1998). Por efecto de estas restricciones, el monto de los fondos de libre disposición concedidos por la IPPF a las asociaciones de población de los países de América Latina y el Caribe disminuyó de US$ 13 millones en 1996 a US$ 12 millones en 1997 y se estimaba que descendería a US$ 10 millones en 1998(44).⁴⁴ La disminución de la prioridad de la región dentro del concierto mundial de actividades en el campo de población parece haber continuado en años recientes, coincidiendo con una mayor austeridad de los aportes para la cooperación internacional.

6. El seguimiento de los indicadores de progreso de las metas de la CIPD

La CIPD adoptó un conjunto de metas cuantitativas y cualitativas sobre equidad de género, habilitación de la mujer, mortalidad, educación y salud reproductiva y sexual, algunas de las cuales reiteran compromisos adquiridos en reuniones intergubernamentales anteriores (como la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia y la Conferencia Mundial de Educación Para Todos) y otras fueron ratificadas en encuentros celebrados con posterioridad (como la Conferencia de Beijing y la Cumbre Social). Esta convergencia de propósitos y orientaciones hace visible que el seguimiento de las metas adoptadas en las diversas conferencias internacionales debe efectuarse coordinadamente y con un sistema integrado de indicadores sociales. Algunos países de la región establecieron mecanismos para el seguimiento y para medir el logro de las metas concertadas en tales conferencias(45).

Un problema que se interpone al seguimiento de las metas de la CIPD es la inadecuada comprensión de las interrelaciones entre la dinámica de la población y los procesos de desarrollo, tanto entre funcionarios de gobierno como entre los actores políticos y sociales. Esta restricción se combina con una aparentemente escasa voluntad política para cumplir con los compromisos contraídos a escala internacional. Otro obstáculo es la falta de datos básicos confiables y relevantes para evaluar los avances de manera oportuna y con una adecuada desagregación geográfica, social y por género(46). En este sentido, la falta de periodicidad regular de los censos nacionales de población y las incertidumbres que se ciernen sobre el financiamiento de las actividades futuras constituyen un problema de gran importancia. A estas limitaciones se añaden aquellas de orden metodológico y técnico que afectan a los instrumentos de seguimiento y evaluación de metas cuantitativas y cualitativas en el campo social.

• Notas (CapítuloII)
• Capitulo III
• Anexo 1
• Bibliografía

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE / CEPAL)
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Última actualización: octubre, 2000