(5) Brasil, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú y Trinidad y Tabago son algunos de los países que lograron avances en materia institucional. En 1995, Brasil estableció una Comisión Nacional de Población y Desarrollo, con representantes de diez ministerios y expertos de instituciones académicas y de organismos de la sociedad civil (entre ellos varias de mujeres) que participan a título personal. A su vez, en Jamaica, luego de adecuar la política de población a las directrices de la CIPD, se decidió reemplazar el Comité Intersectorial Coordinador de la Política de Población por una Comisión de Población y Desarrollo que, con un carácter técnico, abarcará el amplio ámbito del desarrollo sustentable. Por su parte, Nicaragua instituyó en 1997 una Comisión Nacional de Población vinculada al Gabinete Social, cuya principal función es coordinar la aplicación de la política de población que fue ratificada en 1998. En Panamá, el Gabinete Social incorporó, como ente asesor, al Comité Técnico de Población (COTEPO), que entre otras funciones sirve de instancia de discusión, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en aspectos de población y desarrollo. En Perú se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), que asumió la responsabilidad de formular y poner en práctica el Plan Nacional de Población 1998-2002; además, se constituyeron la Comisión Nacional de Coordinación de dicho Plan, compuesta por ocho representantes de rango viceministerial, y una Mesa Tripartita —con participación del Gobierno, las ONG, entidades académicas y organismos internacionales— para efectuar un seguimiento del PA. En 1996, Trinidad y Tabago aprobó una Política Nacional de Población. En otros países, en lugar de establecer nuevas instituciones, se consolidaron los organismos existentes antes de El Cairo. Tal vez el caso más notable sea México, cuyo Consejo Nacional de Población diseñó un Programa Nacional de Población para el período 1995-2000, en cuya ejecución participan los Consejos Estatales de Población (COESPOs), dependientes de los Gobernadores de las entidades federativas. A su vez, en Bolivia los asuntos de población fueron incorporados como una dimensión transversal en los cuatro "pilares" (oportunidad, equidad, institucionalidad y dignidad) del Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002.

(6) En este sentido, cabe mencionar el caso de Perú, que consideró explícitamente la falta de acceso de los pobres a los servicios de salud reproductiva como un componente importante de la inequidad social. Por otro lado, varios países ¾ como El Salvador, Jamaica, Nicaragua y Panamá¾ incluyeron componentes de población en sus políticas de desarrollo social. Incluso, las políticas y programas de algunos de los países que no cuentan con políticas explícitas de población ¾ como Bolivia¾ guardan coherencia con los principios rectores de la CIPD.

(7) Son múltiples las iniciativas en este campo que aprovecharon la disponibilidad de bases de datos censales en formato REDATAM. En Chile, por ejemplo, se entregaron bases de microdatos censales a todas las municipalidades del país. La Municipalidad de San Pedro Sula, Honduras, estableció un sistema de información local con una amplia base de datos, el que también es utilizado por el sector privado, hecho que permite su autofinanciamiento. Con el apoyo del FNUAP, las experiencias de San Pedro Sula están siendo usadas en otros países de la subregión, como Guatemala, Nicaragua y Panamá. En Brasil, la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste ha promovido el uso de la información sociodemográfica en los departamentos de planificación de los municipios más pobres del país.

(8) Así, por ejemplo, en 1996, Perú estableció el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) y Panamá creó, en 1997, el Ministerio de Juventud, Mujer, Niñez y Familia.

(9) Estos arreglos institucionales se pusieron en práctica en varios países centroamericanos y en Ecuador. En Costa Rica, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, se crearon oficinas ministeriales y sectoriales de la mujer en diversas dependencias gubernamentales.>

(10) En Bolivia, por ejemplo, se promulgó recientemente (octubre de 1997) el Decreto Supremo 24648, que establece la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En Venezuela se formuló, con el concurso de varios ministerios y ONG, el Plan Nacional de la Mujer para el quinquenio 1998-2003.

(11) Algunos ejemplos de estos mecanismos de participación son: la Comisión Intersectorial de Mujeres en Salud del Consejo Nacional de Salud de Brasil, establecida en 1997 y el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva de México, en el que participan organismos de gobierno y ONG. Otros países están diseñando los mecanismos correspondientes; es el caso de Perú, cuyo Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar contempla el seguimiento local por ONG de mujeres. Sin embargo, esta apertura ha encontrado obstáculos. Uno de ellos es la resistencia a cambiar la modalidad vertical de planificación y administración de los servicios, que suele excluir a las instituciones de la sociedad civil. Otro obstáculo es la reticencia de las ONG de mujeres para incorporarse en instancias dirigidas por gobiernos con los que discrepan; como contrapartida, algunos gobiernos han sido refractarios a involucrar a las ONG.

(12) Muchos países caribeños han adoptado nuevas medidas para propiciar una conducta sexual y reproductiva más responsable de los hombres, incentivándolos —mediante programas de información y educación y leyes de apoyo a los niños— a que asuman un papel más activo en el ámbito familiar. Con iguales propósitos, la Family Planning Association de Barbados organizó un foro público llamado Men talking to Men, en Jamaica se estableció el programa Fathers Incorporated y en Perú se pusieron en práctica programas de consejería destinados a fomentar una participación más activa de los hombres en la planificación familiar.

(13) Por ejemplo, el Programa Nacional de Maternidad y Paternidad Consciente de Cuba contempla la educación conjunta de las mujeres y sus parejas en diversos aspectos de la salud reproductiva; Paraguay tiene un Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar para el contingente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cabe mencionar, además, los programas de apoyo a los hombres (Male Support Programmes) ¾ que incluyen información, educación, consejería y servicios¾ organizados por el Ministerio de Cultura y Asuntos de Género de Trinidad y Tabago con la colaboración de ONG.

(14) Una evaluación de las experiencias de estos grupos de hombres ¾ para usarlas en el diseño de políticas y programas¾ tuvo lugar, en 1998, en la Conferencia Regional sobre la Equidad de Género en América Latina y el Caribe: desafíos desde las identidades masculinas y en el Simposio sobre participación masculina en la salud sexual y reproductiva: nuevos paradigmas, en el que se aprobó una Declaración de Hombres Contra la Violencia Contra la Mujer.

(15) Un caso ilustrativo es el de las reformas constitucionales de 1998 en Ecuador, que ubicaron los derechos reproductivos y sexuales junto con los derechos civiles, económicos, sociales y culturales; además, en las secciones relativas a la familia se señala la promoción de la salud reproductiva y sexual.

(16) Por ejemplo, la University of the West Indies y la Family Planning Association de Trinidad y Tabago organizaron un programa de educación para la vida familiar, que se imparte en la School of Education.

(17) En estos programas están los trabajadores de plantaciones e ingenios azucareros y de turismo y hotelería en República Dominicana, de empresas maquiladoras en El Salvador y Nicaragua y de empresas industriales en Haití y en los estados nordestinos de Brasil. Se ha trabajado también con jóvenes que participan en programas de capacitación laboral; así, en las áreas rurales de Paraguay se entrenó a 6 000 jóvenes monitores en educación sexual y equidad de género. En Venezuela se incorporó la educación en salud sexual y reproductiva y la dimensión de equidad de género en un programa de capacitación para el empleo productivo aplicado por el Ministerio de la Juventud.

(18) Cabe destacar el enfoque de educación comunitaria de resonancia para la salud sexual y reproductiva de adolescentes y de adultos, que impulsa el desarrollo de la capacidad de los sujetos para decidir en materia de su afectividad, sexualidad y salud reproductiva, con actividades que involucran simultáneamente a la escuela, la comunidad, los servicios de salud y los medios de comunicación. En la escuela se llevan a cabo jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, que alientan el diálogo entre estudiantes, profesores y padres sobre temas de sexualidad y salud reproductiva, apoyados por profesionales de salud, educación sexual, psicología y orientación valórica.

(19) En este sentido cabe mencionar los cursos sobre maternidad sin riesgo, tecnología anticonceptiva y diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual que se han realizado en diversos países de la región.

(20) Este es el caso del Programa Muchachas y Muchachos del Hospital Bertha Calderón de Managua, Nicaragua; los centros de Atención al Desarrollo Integral del Adolescente del Instituto de Maternidad Percy Boland, en Santa Cruz, y del Hospital Jaime Mendoza, en Sucre (ambos en Bolivia); del Centro de Atención Integral a la Salud Sexual y Reproductiva de APLAFA, en Caracas, Venezuela, y los Servicios Integrales de la Juventud (SIJUS) en Riobamba y Esmeraldas, Ecuador. En Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y República Dominicana se iniciaron programas nacionales de salud reproductiva y sexual para adolescentes. Perú cuenta con un programa de salud del escolar y del adolescente que incluye servicios de salud reproductiva y sexual.

(21) En octubre de 1998 se celebró en Barbados, con el auspicio de la Oficina del FNUAP para el Caribe, una Cumbre Caribeña de la Juventud, que contribuyó a despertar conciencia sobre la salud y los derechos de los jóvenes en materia de sexualidad y reproducción y que concluyó con un Plan de Acción Regional. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Jamaica diseñó un Plan de Acción para la Salud de los Adolescentes (1996-2000) y el gobierno de Santa Lucía está preparando un programa para prevenir el embarazo adolescente. En Colombia, Costa Rica y El Salvador se establecieron normas especiales de atención a las y los adolescentes.

(22) La brecha es particularmente amplia en el caso de los métodos modernos, pues las tasas de prevalencia varían entre 13% en Haití (1994-1995), 18% en Bolivia (1994) y 70% en Brasil (1996).

(23) Así, por ejemplo, la Comisión de la Maternidad Segura de Bolivia, con el apoyo del FNUAP, desarrolla una estrategia orientada a la rápida reducción de la mortalidad materna, enfatizando la mejora en la calidad de la atención de emergencias obstétricas; junto con aplicar un seguro de maternidad —instituido en 1996 para proveer atención gratuita (cofinanciada por el sistema nacional de salud y los municipios) a las mujeres embarazadas y a sus hijos menores de 5 años—, esta estrategia comprende programas de entrenamiento de personal (médico y paramédico), sistemas de seguimiento de las causas de muerte y campañas de sensibilización de líderes y comunidades. En Perú, el Plan Nacional de Población 1998-2002 incluye el fortalecimiento del Plan de Emergencia para la Reducción de la Mortalidad Materna. De manera similar, el Ministerio de Salud de Ecuador puso en marcha el Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna y en República Dominicana, la Dirección General de Promoción de la Mujer —con el apoyo del sector estatal de salud y varias ONG— formuló un Plan de Movilización Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil

(24) Por ejemplo, más de un tercio de los nuevos casos de SIDA registrados en los países del Caribe de habla inglesa correspondió a mujeres, principalmente de 15 a 19 años de edad (UNAID/AIDSCAP, 1996). En Brasil, la razón hombres mujeres disminuyó de 1:16 en 1986 a 1:3 (y en algunas zonas a 1:2) en 1998; (UNAID/WHO, 1998a); de acuerdo con las estimaciones de ONUSIDA —basadas en el uso de modelos aplicados a un total de 120 mil casos (hombres y mujeres) de SIDA registrados hasta 1997—, unas 125 mil mujeres adultas vivirían con VIH en este país (UNAIDS/PAHO/UNAIDS, 1998). El impacto del VIH/SIDA sobre la morbimortalidad en las grandes ciudades brasileñas es puesto en evidencia por el caso de São Paulo, donde se convirtió en la principal causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva (UNAID/AIDSCAP, 1996). Aunque la prevalencia de infección entre mujeres embarazadas continúa relativamente baja en América Latina, en Honduras ya alcanza al 1% y excede del 3% en Porto Alegre, Brasil; estas tasas son considerablemente más elevadas en el Caribe, especialmente en Haití, donde un estudio realizado en 1993 encontró que más del 8% de las mujeres embarazadas estaban infectadas con el VIH (ONUSIDA/AIDSCAP, 1998).

(25) Según los datos de las encuestas demográficas y de salud realizadas en siete países alrededor de 1995, casi todas las mujeres urbanas en edad fértil habían escuchado acerca del SIDA; en cambio, una fracción importante (entre uno y dos tercios) de las mujeres rurales de Bolivia, Guatemala y Perú declararon no saber nada al respecto.

(26) Numerosos estudios indican que los y las jóvenes adoptan conductas sexuales más seguras cuando disponen de información, conocimientos y medios y que, si se les ofrecen tales oportunidades, muestran una mayor propensión a protegerse que los mayores. En Chile, según una investigación realizada en 1996, se observó que el uso del condón es más frecuente entre los jóvenes de 15 a 18 años que entre las personas de más edad; algo similar se ha encontrado también en Brasil y México (UNAIDS/WHO, 1998b).

(27) Un ejemplo es el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA (LUSIDA) del Ministerio de Salud y Acción Social de Argentina que, con el auspicio de ONUSIDA y la participación de organismos públicos, ONG y agencias internacionales realizó en 1998 un taller sobre prevención de la transmisión vertical del VIH en las naciones del MERCOSUR ampliado (UNAIDS, 1998).

(28) Lamentablemente, la ausencia de encuestas sobre comportamiento sexual y reproductivo y sobre salud reproductiva en los países más avanzados en la transición demográfica (como Uruguay, Argentina y Chile) impide conocer la situación en este campo y determinar en qué medida se han conseguido condiciones más favorables para que los segmentos pobres ejerzan esos derechos.

(29) La mala calidad de los servicios se ve agudizada en áreas de concentración de población indígena, a causa de la baja sensibilidad de los servicios de salud en general — y de los programas de salud reproductiva y planificación familiar en particular— y a la diversidad cultural de las comunidades servidas. De aquí que en muchos casos se registre una subutilización de los servicios.

(30) México creó consejos consultivos de su programa nacional de población; Belice hizo lo mismo en su subcomité de Política de Población; las ONG e instituciones privadas de Jamaica participan en el Comité Coordinador de la Política de Población, en el Comité de IEC y en el Grupo de Trabajo sobre Migración Internacional; Colombia tiene un Comité Técnico Asesor en Población y Medio Ambiente, que incluye universidades y ONG; en Nicaragua se fortaleció el papel de la sociedad civil durante las etapas de definición de la Política Nacional de Población y a lo largo del actual proceso de formulación de un Plan de Acción para dicha política; el gobierno venezolano se vinculó con la Red de ONG de Población y Desarrollo, encargada del seguimiento de los acuerdos de la CIPD; el Ministerio de Salud de Panamá inició en 1997 un proyecto de Movilización y Concertación de Acciones Gubernamentales y de la Sociedad Civil en Salud Sexual y Reproductiva, cuyo objetivo es preparar el Plan Nacional de Acción en este campo.

(31) Ecuador puso en marcha un proceso de planificación estratégica a largo plazo ("Ecuador 2025") con participación de la sociedad civil; la Comisión Nacional para el Desarrollo Social de Las Bahamas, creada en 1994, invitó a las ONG a participar como socios en la programación del desarrollo; las ONG, en especial las de mujeres, integran la Comisión Permanente para Asuntos de Población establecida por las Antillas Neerlandesas en 1994; en el comité tripartito de seguimiento de las políticas nacionales de Granada participan representantes del gobierno, de los sindicatos y de la sociedad civil; Trinidad y Tabago estableció en 1998 el Consejo Civil para el Desarrollo Social como contraparte del Consejo Interministerial para el Desarrollo Social; República Dominicana estableció, en 1996, los consejos de desarrollo provincial, en 1997 organizó las Jornadas de Concertación (que culminaron con un Foro Nacional de Políticas Públicas Sociales) y en 1998 llevó a cabo un Diálogo Nacional entre el gobierno, diferentes sectores de la sociedad civil ¾ incluidas organizaciones de mujeres¾ y los partidos políticos; en Bolivia se efectuó un ejercicio similar en 1997, centrado en los conceptos de oportunidad, equidad, institucionalidad y dignidad, que contó con una activa participación de las ONG de mujeres.

(32) Un ejemplo es el Foro de la Mujer y el Desarrollo de Panamá, que preparó un Plan Nacional de la Mujer y el Desarrollo y lo propuso en el ejercicio nacional de concertación llamado "Bambito III" entre el gobierno y la sociedad civil, logrando que fuera asumido como política pública en el Pacto Compromiso para el Desarrollo.

(33) El Foro de Mujeres de Nicaragua, con representación de los sectores económicos, políticos y sociales del país, organizó el Primer Encuentro de Mujer y Política, que culminó con una Agenda Mínima Nacional ¾ para promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres¾ y con la formación de la Coalición Nacional de Mujeres; la National Women's Task Force de Belice preparó el Plan de Desarrollo de Género; en Venezuela, la Red de Población y Desarrollo y la Coordinadora Nacional de Mujeres elaboraron el Plan de Acción de Empoderamiento de la Mujer y Desarrollo 1988-2000; un grupo de ONG de Costa Rica ("La Agenda Política de las Mujeres"), en el que participan mujeres de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, aborda temas del PA de la CIPD; la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador creó una Comisión Bipartita para definir una agenda conjunta con el gobierno, y la Coordinadora de Salud y Género realiza actividades directamente relacionadas con el PA de la CIPD.

(34) En Haití, 23 ONG de mujeres trabajan con los parlamentarios en la revisión de leyes que discriminan a la mujer y en República Dominicana se creó la Comisión Honorífica de Mujeres Asesoras del Senado. En México, la agrupación feminista DIVERSA ha convenido con ocho partidos políticos una Agenda Legislativa en pro de los derechos de las mujeres

(35) La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) es una de las entidades más dinámicas en este campo y ha realizado ¾ con el apoyo del FNUAP y la colaboración de 13 organizaciones de mujeres, incluidas dos redes nacionales¾ el seguimiento de los consensos de la CIPD en Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Perú.

(36) Alrededor de 1995, el sector no gubernamental atendía más del 50% de la demanda de planificación familiar en siete países (Haití, Guatemala, Paraguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Brasil); en cambio, su papel era secundario en aquellos países que tienen programas estatales importantes de salud reproductiva y planificación familiar (México, Perú) o disponen de una amplia cobertura de salud pública, con componentes de salud reproductiva y planificación familiar (Costa Rica). La tendencia generalizada apunta a una estabilización o disminución relativa del papel de las ONG y del sector privado; la disminución más significativa se observa en Bolivia, hecho que refleja una intervención más activa del sector público en un país en que la prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción era aún muy baja (18%) en 1994.

(37) El sector público mexicano capacita a los prestadores de servicios de las ONG y apoya los programas de mercadeo social de anticonceptivos; en Trinidad y Tabago existe el programa "Adoptando una Comunidad", que fomenta la colaboración entre las ONG, el sector privado y el gobierno en servicios de salud, incluyendo los de salud reproductiva; el Programa de Elección Personal de Jamaica utiliza prestadores privados de servicios para aumentar el abanico de opciones en planificación familiar; en Ecuador y República Dominicana las ONG, el sector privado y la comunidad están involucrados en los planes para reducir la mortalidad materna e infantil; en República Dominicana, las ONG participan también en la formulación y ejecución de la estrategia nacional de IEC y del Programa de Educación Sexual Integral y Familiar.

(38) Entre 1987 y 1996, no obstante registrar fluctuaciones anuales, las ONG tendieron a ocupar el primer lugar en la canalización de fondos orientados a actividades en el campo de población; a su vez, la cooperación bilateral desplazó del segundo lugar a la de tipo multilateral. Las cifras de la asistencia financiera externa provista a los países latinoamericanos y caribeños en 1996 indican que las ONG canalizaron la mitad de la asistencia financiera externa, las agencias bilaterales algo más de un tercio y los organismos multilaterales sólo el 16%.

(39) Además de la asistencia financiera no reembolsable en materia de población, los países de la región obtuvieron recursos mediante créditos reembolsables a tasas inferiores a las del mercado financiero corriente; pese a su importancia, la carencia de información actualizada sobre la cuantía de estos créditos —y el carácter multianual de los mismos— impide considerarlos en este análisis

(40) Los países de la región que recibieron las mayores proporciones de la cooperación internacional en el bienio 1995-1996 fueron: Perú (44 millones de dólares), México (42 millones), Haití (40 millones), Brasil (35 millones) y Bolivia (31 millones); en su conjunto obtuvieron la mitad de la cooperación financiera internacional a la región en el campo de población. En términos per cápita, los países más beneficiados fueron: Nicaragua (US$5.40), Haití (US$5.35), Bolivia (US$3.88), Jamaica (US$3.28) y Honduras(US$2.96). Estos últimos países ¾ excluido Jamaica¾ contaban en 1995 con los niveles de ingreso per cápita más bajos de la región; esto pone en evidencia que la distribución de los recursos de la cooperación internacional estuvo en concordancia con el espíritu de equidad del PA de la CIPD (UNFPA, 1996)

(41) Salvo en el caso de los DIU, el aporte de las agencias en el trienio 1994-1996 fue inferior a las necesidades estimadas; así, la provisión de condones cubrió el 48% de aquellas necesidades, la de inyectables el 21% y la de píldoras apenas el 10% (UNFPA, 1997)

(42) En lo que atañe a las ONG internacionales, la oficina regional de la IPPF financió durante 1996 asistencia técnica — principalmente en beneficio de sus instituciones miembros— por un valor equivalente a US$ 2.6 millones (IPPF, 1996).

(43) En efecto, las partidas asignadas a los programas de población y salud representaron el 29.4% del presupuesto total de la USAID para América Latina y el Caribe en 1997 y disminuyeron al 24.8% y al 21.3%, respectivamente, en los años fiscales de 1998 y 1999. Además, con el transcurso de tiempo, estos recursos se concentraron cada vez más en tres países (Haití, Perú y Bolivia), que son destinatarios de la mitad de los fondos presupuestados para 1999.

(44) No obstante lo dicho, frente a esta crítica situación financiera la región ha realizado grandes esfuerzos en la aplicación de su estrategia de movilización de recursos, que se ha concentrado en la consolidación institucional y en la ejecución de programas de salud reproductiva y sexual (IPPF, 1998)

(45) El mecanismo institucional más novedoso parece ser la Oficina de Seguimiento de las Cumbres, establecida por el gobierno de República Dominicana. En Bolivia, el Subcomité de Investigación, Evaluación y Políticas de Población (SIEPP) y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación han realizado talleres de evaluación y de programación de acciones relacionados con las recomendaciones derivadas de las conferencias celebradas en El Cairo y Beijing. Otros mecanismos, no referidos expresamente al seguimiento de los compromisos contraídos en conferencias internacionales, pero que permiten hacerlo, son el Comité de Indicadores Sociales de Belice y el Secretariado Técnico del Frente Social de Ecuador.

(46) Varios países realizan a intervalos regulares encuestas de demografía y salud y de condiciones de vida, las que pueden constituirse en instrumentos de gran utilidad para el seguimiento de las metas de la CIPD.

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Última actualización: octubre, 2000