La meta 3.A del ODM3 busca lograr la igualdad de género en la educación primaria, secundaria y superior, considerando que la eliminación de la diferencia entre sexos en todos los niveles de la educación ayudaría a mejorar la condición de la mujer y a aumentaría sus capacidades, contribuyendo de forma importante al desarrollo económico de los países.

El indicador 3.1 mide la equidad de oportunidades educativas en función de la matriculación escolar /a. Las cifras muestran que los países de la región están logrando eliminar la diferencia entre los sexos en todos los niveles de enseñanza, con tasas que favorecen a las mujeres especialmente en la educación superior.

Según el índice de paridad entre los sexos, los totales nacionales no revelan marcadas diferencias en lo que respecta al acceso a la educación primaria en la región, a excepción de los casos de Guatemala y San Vicente y las Granadinas, en donde la relación entre las tasas de matrículas de mujeres y hombres en enseñanza primaria no supera un 0.96 al año 2006.

A pesar de la situación favorable que viven los países de la región en relación a la paridad entre los sexos en la educación, esta igualdad no se ha visto reflejada en la participación de la mujer en el sector laboral, persistiendo las brechas de género en diferentes ámbitos relacionados con el empleo, como son las remuneraciones (Naciones Unidas, 2007 /1).

El segundo indicador del ODM3 –proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola– entrega luces del grado de apertura de los mercados de trabajo a la mujer en los sectores de la industria y los servicios. Entre el 2000 y el 2006, en 4 de los 14 países para los cuales se cuenta con información ha disminuido la proporción de mujeres empleadas remuneradas en el sector no agrícola. Si bien los demás países han presentado tendencias favorables, indicando que las mujeres trabajadoras se han integrado más en la economía monetaria mediante la participación en el sector formal y el informal, los mercados laborales de los países de la región permanecen aún bastante segregados (Naciones Unidas, 2007 /1).

Los datos demuestran que en la mayoría de los países el porcentaje de mujeres que trabaja en este tipo de ocupación supera al porcentaje de población masculina, manteniéndose si gran heterogeneidad entre los países. Así es posible observar que en Honduras, Venezuela y República Dominicana es mayor el porcentaje de hombres que trabaja en sectores laborales de baja productividad.

Otro aspecto vinculado a las oportunidades de la mujer en la sociedad corresponde a su participación en la vida política y pública de los países, que se mide a través de su representación en los parlamentos nacionales.

Considerando la evolución 1990 – 2007 es posible afirmar que la mayoría de los países de la región han mostrado progreso con relación a su situación inicial, persistiendo, al igual que en los indicadores anteriores, importantes diferencias entre los países. En un 65% de los países las tasas de representación femenina en los parlamentos nacionales no supera el 20%, mientras que en países como Costa Rica, Cuba y Argentina esta alcanza más de un 35%. El informe 2007 de Naciones Unidas acerca de la igualdad de género sostiene que América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor proporción de mujeres en la cámara baja o única de parlamentos nacionales, situándose justo después de las regiones desarrolladas (Naciones Unidas, 2007 /1)

Finalmente, para tener una visión menos acotada de la igualdad entre los sexos en los países de la región parece importante considerar el tema de la violencia contra la mujer. Nos referimos con ello a la violencia ejercida por la pareja, que es una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad de género y es una de las principales barreras para el empoderamiento de la mujer. Por lo tanto, para poder alcanzar la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer es indispensable dar visibilidad a este problema de manera que se puedan diseñar acciones efectivas que permitan erradicarla (D. Zapata, 2007 /2).

Como menciona Zapata (2007), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (OEA, 1994) define la violencia de género como cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga –o pueda tener- como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluso las amenazas tales como actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. ALC es la única región en el mundo que cuenta con una convención específica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, que además ha sido ratificada por la mayoría de los países de la región. En América Latina la violencia doméstica ejercida por la pareja es una de las formas más frecuentes de violencia contra la mujer, cuya expresión máxima es el feticidio (D. Zapata, 2007 /2).

Las cifras expuestas en la tabla 1, demuestran la magnitud del problema en algunos países de la región, en donde el porcentaje de mujeres violentadas alcanza el 50%, siendo preponderante la violencia física contra mujeres que cuentan con bajo o nulo nivel educacional.