(13 de julio, 2010) En América Latina y el Caribe, las mujeres no sólo dedican más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado o de cuidado, sino que su carga de trabajo total -incluyendo las actividades remuneradas- es mayor. Sin embargo, siguen siendo discriminadas en el mercado laboral y reciben salarios inferiores.
Esta realidad se analiza en el documento ¿Qué Estado para qué igualdad?, que fue presentado hoy por la CEPAL en la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza del 13 al 16 de julio en Brasilia, Brasil.
El informe examina los logros y desafíos que enfrentan los gobiernos de la región en materia de igualdad de género. "No será posible lograr igualdad laboral para las mujeres mientras no se resuelva la carga de trabajo no remunerado y de cuidado que recae históricamente sobre ellas. En este sentido, es necesario buscar una nueva ecuación virtuosa que incluya al Estado, al mercado y a las familias", señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, al presentar el documento.
De acuerdo con la recopilación de estudios en los que se mide la carga de trabajo total (remunerado y no remunerado) de varones y mujeres en varios países de la región, existen dos tendencias fundamentales: i) en todos los casos, el tiempo de trabajo total es mayor para las mujeres que para los varones y, ii) en todos los casos, las mujeres son quienes dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo no remunerado.
En Brasil, por ejemplo, las mujeres dedican 56,6 horas semanales al trabajo total, mientras que los hombres ocupan 52 horas. En México, en tanto, las mujeres dedican 76,3 horas, contra sólo 58,4 de los hombres.
Cifras de 2008 muestran que 31,6% de las mujeres de 15 años o más en la región no tenía ingresos propios, mientras que sólo 10,4% de los hombres estaba en esa condición. Asimismo, las mujeres superan a los hombres en materia de desempleo (8,3% contra 5,7%) y aunque la brecha salarial entre los géneros ha disminuido -el ingreso medio de las mujeres pasó de 69% del de los hombres en 1990 a 79% en 2008-, las mujeres siguen estando sobrerrepresentadas en ocupaciones con menor nivel de remuneración, subrepresentadas en posiciones de alto nivel jerárquico y aún reciben salarios menores para un trabajo de igual valor que el de los hombres.
El documento de la CEPAL recalca que el trabajo es la base de la igualdad entre los géneros y para ello es fundamental el logro de la autonomía económica, física y política de las mujeres. La autonomía económica implica tener el control sobre los bienes materiales y recursos intelectuales, y la capacidad de decidir sobre los ingresos y activos familiares.
La autonomía física es también un requisito indispensable para superar las barreras que existen en el ejercicio de la sexualidad, la integridad física de las mujeres y la reproducción, mientras que la autonomía política involucra la representación paritaria en los espacios de toma decisiones, especialmente en los gobiernos y parlamentos.
Estas tres autonomías se encuentran retratadas en el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, cuyos resultados a la fecha se vuelcan en el informe de la CEPAL presentado en la XI Conferencia Regional de Brasilia.
El documento enfatiza la necesidad de visibilizar el valor económico y social del trabajo no remunerado y de cuidado que realizan las mujeres de la región, así como la importancia de empoderarlas para que puedan ejercer su legítimo derecho de elección y así participar en igualdad de condiciones en el mundo del trabajo y en las instancias de toma de decisiones.
Propone un camino para esta igualdad a partir de tres ejes principales:
Un Estado garante de la titularidad de derechos
Igualdad en lo público y privado
Redistribución del trabajo total
De esta forma, se hacen necesarias políticas públicas que reformen los vínculos entre las tres instituciones fundamentales de la sociedad: Estado, familia y mercado, para articular un nuevo pacto social de redistribución del trabajo total entre hombres y mujeres, a fin de facilitar el acceso de éstas al mercado laboral como parte de sus derechos humanos.
Asimismo, es imprescindible que el Estado tome todas las medidas necesarias, ya sean legislativas, institucionales, educativas, de salud, fiscales o de participación de las mujeres en la toma de decisiones para así eliminar los sesgos de género en el mercado laboral, superar la brecha salarial, la segmentación y la discriminación.
Además, se deben garantizar los derechos de las mujeres en el mercado laboral y las familias, para que cuenten con las herramientas adecuadas para conquistar las autonomías antes mencionadas, y generar una institucionalidad sólida y con capacidad normativa que haga valer estos derechos.
Algunos países han dado ejemplo de buenas prácticas para reconocer el valor del trabajo no remunerado y de cuidado de las mujeres, ya sea mediante reformas constitucionales (Venezuela, Ecuador, Bolivia y República Dominicana), así como a través de leyes o políticas específicas que incentivan la igualdad de género en el mundo del trabajo (Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México y Uruguay).
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