Resumen
Este informe contiene una síntesis de las intervenciones de los expositores asistentes a la V Conferencia Interparlamentaria de Minería y Energía de América Latina, realizada en Santiago de Chile del 18 al 19 de julio del 2001. El evento fue organizado en el marco del Proyecto "Promoción del Uso Eficiente de la energía en América Latina" que cofinancian la CEPAL, por intermedio de la División de Recursos Naturales e Infraestructura, y el Programa SYNERGY de la Dirección General XVII de Energía de la Comisión Europea. Los encargados del Proyecto por ambas instituciones son, respectivamente, los señores Fernando Sánchez Albavera, Director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de América Latina y el Caribe (ILPES), y Francois Casana, responsable del Programa SYNERGY.
Las CIMEs vinculan tanto a las comisiones de las Cámaras de Senadores como de Diputados en el caso de aquellos países que cuentan con un sistema bicameral, así como a las comisiones responsables de los temas de minería y energía en el caso de los sistemas unicamerales. Éstas cuentan con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) que actúan como Secretaría Técnica de las CIMEs de acuerdo a lo dispuesto en la Declaración de Santiago de 1997. De esta forma, se facilita a las delegaciones asistentes información sistematizada sobre la legislación vigente en los países de América Latina sobre minería, electricidad, petróleo y gas así como estudios comparativos que dan cuenta de las diferentes experiencias regionales en materia de políticas públicas y regulación minero-energética y también sobre la participación de los países de América Latina en los correspondientes mercados mundiales.
Es importante destacar que la Comisión Europea se ha asociado desde hace cinco años con la CEPAL, a través de su Programa SYNERGY, y más recientemente con el Programa de Fomento de las Organizaciones de Promoción de Tecnologías Energéticas Eficientes (OPETs) para desarrollar diversas labores de cooperación con los organismos públicos responsables de las políticas energéticas, las correspondientes comisiones parlamentarias y los organismos representativos del sector privado.
Las delegaciones parlamentarias asistentes a las Conferencias Interparlamentarias que se han venido realizando regularmente desde la primera CIME que tuvo lugar en Santiago en 1997, han mostrado unanimidad respecto de la importancia de promover la cooperación interparlamentaria en minería y energía, y han señalado los nuevos desafíos legislativos en materia minero?energética.
En el caso de la minería los temas más importantes abordados en la CIME 2001 tienen relación con aspectos tales como el impacto social y ambiental de las explotaciones a pequeña escala; la participación de las localidades (canon) en los ingresos tributarios que generan las explotaciones mineras; la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de las zonas en que se realizan las explotaciones; litigios y conflictos por acceso a las minas en áreas en que existen derechos de comunidades locales y en general, temas asociados a las relaciones entre las empresas y el desarrollo local y regional.
En este sentido, se ha venido insistiendo en las CIMEs sobre la importancia del grado de articulación entre las explotaciones minero-energéticas y las políticas de desarrollo local y regional, a efectos de desarrollar los correspondientes racimos (clusters) productivos y de servicios para promover la descentralización, aumentar las oportunidades de empleo en actividades asociadas o complementarias a la industria minero-energética e incrementar el "valor retenido" en las economías nacionales. Estos aspectos destacan la importancia del papel de las empresas mineras en la gestión del desarrollo local y regional y una mejor articulación entre minería, mercado y sociedad.
En el caso de la energía, las preocupaciones de las delegaciones parlamentarias se han concentrado en la eficacia de los marcos regulatorios, en el impacto sobre la equidad social y en la promoción del uso eficiente de la energía. Esta última CIME consideró importante, además, analizar la situación y tendencias del mercado petrolero, ya que las fluctuaciones de los precios vienen afectando a las economías nacionales importadoras. Para estos efectos en la Declaración de Santiago se propuso solicitar la contribución del Gobierno de Venezuela, que tiene un papel destacado en la OPEP, y la de este organismo para ver las posibilidades de cooperación y concertación en el ámbito de América Latina, reconociendo el legítimo derecho de nuestros países a recibir una justa retribución por sus productos de exportación.
En el primer capítulo de esta relatoría se presentan las perspectivas institucionales y un panorama general del sector minero y energético en la región. En el segundo, se analizan los cambios recientes de la legislación minera en el caso de Colombia, mientras que en el tercero se realiza un análisis comparativo de los perfiles tributarios y de la rentabilidad de la inversión minera en América Latina. En el cuarto capítulo se analizan los mecanismos regulatorios y promoción de la inversión privada para otorgar garantías al suministro eléctrico, tomando el caso de Chile, y en el quinto, el rol de las empresas mineras en el desarrollo local y regional. En el sexto capítulo se realiza un balance de las reformas energéticas y conflictos regulatorios en América Latina, y en el último, se presentan iniciativas legislativas sobre el uso eficiente de la energía, en particular la experiencia Argentina, así como la regulación y el programa de masificación del consumo de gas en Colombia.
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