Recuadro 7

PRIVATIZACIONES (I) : EL PROGRAMA DE CAPITALIZACION DE EMPRESAS
ESTATALES DE BOLIVIA.


Bolivia es uno de los países de la región que ha exhibido más altas tasas de crecimiento promedio de la afluencia de la IED en años recientes. En su mayor parte ese aumento se ha sustentado en el programa de capitalización de empresas estatales que el gobierno puso en práctica en marzo de 1994.

El objetivo que se habían fijado las autoridades de Bolivia era aumentar la inversión en sectores específicos de la economía nacional, tales como el de la energía eléctrica, las telecomunicaciones, la aeronavegación, los hidrocarburos, la minería y los ferrocarriles, cuya modernización y expansión requería importantes montos de capital. El propósito es incrementar la capacidad productiva de las principales empresas del país mediante el fuerte aporte de capital, tecnología y capacidad de gestión que eventualmente proporcionarían los inversionistas extranjeros en el marco del programa de capitalización.

Básicamente, el programa de capitalización consiste en abrir al inversionista privado la participación en la propiedad de las empresas estatales por la vía de la suscripción de aumentos de capital. De este modo, el Estado no vende su participación en el capital de la empresa que se privatiza, sino que lo aporta para constituir una sociedad con un socio estratégico al que se admite una participación de 50% y además se encarga de administrar la empresa. La inversión externa que este socio ingresa queda en la empresa capitalizada para contribuir a su modernización y expansión, de acuerdo con el programa general de inversiones planificado hasta el 2004. Se intenta así subsanar uno de los problemas que suelen darse en las privatizaciones tradicionales, que es el uso de la recaudación fiscal obtenida por este concepto para financiar el gasto corriente, lo que no necesariamente incrementa la capacidad productiva de la economía.

Paralelamente, la participación accionaria que queda en poder del Estado se destina a un programa de ahorro en favor de los ancianos. Específicamente, en el programa de capitalización se prevé que el Estado transfiera sus acciones de las empresas sometidas a este proceso a los bolivianos mayores de 21 años al 31 de diciembre de 1995, mediante el pago de una anualidad vitalicia (BONOSOL) a todos los bolivianos mayores de 65 años. El gobierno ha destacado el hecho de que las acciones correspondientes al Estado han sido adquiridas por cerca de 76% de los trabajadores de las empresas capitalizadas, hasta un límite equivalente a sus beneficios sociales.

Asimismo, se ha previsto crear un marco que regule la actividad de las empresas capitalizadas y de otros servicios públicos, para proteger los intereses de los usuarios y consumidores. Esto ha dado lugar a la constitución del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), integrado por las Superintendencias de Telecomunicaciones, Electricidad, Hidrocarburos, Transporte y Servicios de Agua.

La primera empresa pública sometida al programa de capitalización fue la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Para evitar la constitución de monopolios privados por la vía de la integración vertical u horizontal de la actividad eléctrica, las autoridades bolivianas optaron por dividir la ENDE en cuatro empresas, tres de generación y una transmisión. Las primeras fueron adjudicadas en junio de 1995 y conllevan un plan de inversiones por 140 millones de dólares, que se ejecutará entre 1995 y 2002. Específicamente, la Empresa Eléctrica Corani S.A. fue adjudicada a Dominion Energy, Inc. (Estados Unidos), la que se comprometió a invertir 58.8 millones de dólares en ella. A la vez, la Empresa Eléctrica Guarachi S.A fue capitalizada por Energy Initiatives Inc. (Estados Unidos), con un aporte de 47.1 millones de dólares. Finalmente, la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. recibirá 33.9 millones de dólares del consorcio Constellation Energy (Estados Unidos).

En septiembre de 1995 se privatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Previamente se había promulgado la ley de Telecomunicaciones, en la que se asignaba al Estado la función normativa, a la Superintendencia de Telecomunicaciones la regulación y a las empresas privadas las actividades operacionales.

Los servicios capitalizados fueron los de telefonía de larga distancia nacional e internacional, la banda B de la telefonía celular, la conexiones internacionales y otros servicios menores. La firma italiana STET Internationale fue seleccionada para que suscribiera 50% de las acciones por un monto de 610 millones de dólares, con un plazo hasta el 2000 para concretar la inversión.

En la privatización de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) se siguió una estrategia sustentada en la explotación de la ubicación geográfica mediterránea de Bolivia, que le permite integrar las costas atlántica y pacífica de América Latina, especialmente las de los países del cono sur. En octubre de 1995, la empresa brasileña Viaçao Aerea Sao (VASP) se convirtió en socio estratégico de LAB con un aporte de 47.5 millones de dólares programado hasta el 2000, que se desglosa como sigue: 5 millones de dólares en divisas, una aeronave Boeing 737-300, modelo 95, avaluada en 31.9 millones de dólares, más pagos especiales por 10.6 millones de dólares.

Debido a que el sistema ferroviario de Bolivia consta de las redes oriental y andina, que son físicamente independientes, para privatizar la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), las autoridades la dividieron en dos compañías, que fueron adjudicadas en diciembre de 1995 a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. Ésta suscribió acciones de ambas por 25.8 millones de dólares y 13.2 millones de dólares, respectivamente, aporte que se materializará antes del 2002.

Un año después, en diciembre de 1996, se privatizó la empresa más importante de la economía del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La incorporación a su propiedad de importantes compañías internacionales busca convertir a Bolivia en el mayor proveedor de gas natural de los países del cono sur. Es muy posible que este objetivo se concrete, considerando la suscripción de un contrato de venta de gas natural con Brasil y la construcción del gasoducto a Sao Paulo, en el área de mercado con mayor potencial de América del Sur.

Para su capitalización, YPFB se dividió en dos compañías de exploración y producción (Empresa Petrolera Chaco y Empresa Petrolera Andina), una compañía de transporte (Transportadora de Hidrocarburos) e YPFB estatal, encargada de las actividades de refinación, comercialización y servicios. Las dos primeras fueron capitalizadas por la ET petrolera estadounidense AMOCO (306.6 millones de dólares) y un consorcio de empresas argentinas integrado por Yacimentos Petrolíferos Fiscales (YPF), Pérez Compac y PLUSPETROL (264.8 millones de dólares). Por su parte, la Transportadora Boliviana de Hidrocarburos fue capitalizada conjuntamente por Enron (Estados Unidos) y Shell Overseas Holding Ltd. (Gran Bretaña y Holanda), que aportarán 263.5 millones de dólares. En definitiva, el monto total de la capitalización de YPFB asciende a 834.9 millones de dólares, cantidad que ingresará a Bolivia entre 1997 y 2001.

Mediante el programa de capitalización se ha comprometido una inversión mínima de 1 671 millones de dólares en la economía boliviana, que se espera sea incrementada con aportes adicionales. Este monto será ingresado en las empresas capitalizadas de acuerdo con programas de desembolsos escalonados entre 1995 y 2002, por lo que es posible que las corrientes de inversión directa mantengan su tendencia ascendente.

Paralelamente a la capitalización descrita, se privatizaron otras 72 unidades productivas menores bajo las modalidades de licitación o subasta pública. Entre 1995 y 1997 pasaron a manos de inversionistas privados nacionales y extranjeros 40 empresas, operaciones que totalizaron 97.5 millones de dólares. La participación extranjera asciende a 58.3 millones de dólares y corresponde a la venta de las industrias lácteas Pil-La Paz y Pil-Cochabamba a la empresa peruana Gloria S.A. en 8 millones de dólares, y a la transferencia de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba a la firma chilena EMEL S.A. en 50.3 millones de dólares.

 

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