Haití

Los indicadores preliminares de la economía haitiana para el año 2000 muestran una modesta expansión del PIB de poco más de 1% y un debilitamiento de la estabilidad macroeconómica. La inflación se elevó a 18%, el déficit fiscal subió a 2.6% del producto interno bruto (PIB), el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó 2.5% del PIB y el tipo de cambio sufrió una fuerte depreciación (44%). La considerable caída de la relación de precios de intercambio y el alza de la factura petrolera han sido particularmente perjudiciales para la economía nacional. El sector real de la economía se mantiene en un letargo crónico, salvo la construcción, donde las actividades del sector público en materia de infraestructura han sido primordiales.

Las restricciones externas perduraron debido a que los acontecimientos políticos de mayor importancia (elecciones legislativas y municipales de mayo del 2000 y elecciones presidencial y senatorial realizadas el 26 de noviembre) no lograron sacar al país del impasse en el que se encuentra.

Además del déficit, las cuentas públicas mostraron un retroceso. Los ingresos disminuyeron 15% en términos reales mientras que los egresos tuvieron una contracción del 11% a pesar de crecimientos significativos de las remuneraciones (9%), gastos extraordinarios (37%) —en particular las elecciones— y gastos de capital (8%). Ante la progresión acelerada del déficit fiscal, las autoridades trataron de ajustar desde el segundo trimestre los gastos del gobierno a sus percepciones basadas en un esquema conjunto de administración de efectivo del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la República de Haití (BRH). Sin embargo, la brecha entre las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y los logros se hizo cada vez más evidente, y ante la ausencia de recursos externos, el BRH asumió prácticamente todo el financiamiento al gobierno central.

Las autoridades monetarias ampliaron las medidas de corte restrictivo para controlar la liquidez en la economía, concretamente elevaron los rendimientos sobre los bonos del BRH de 10.3% a 26.7%, subieron las tasas de encaje legal (de 12.5% a 21% sobre pasivos en dólares, y de 26.5% a 31% sobre pasivos en gourdes) y acortaron a 15 días los plazos para su constitución.

A julio del 2000, la base monetaria promedio había crecido 21%, mientras que el dinero en el sentido más amplio (M3) aumentó 25%, lo que representa una expansión en términos reales del 10%. El proceso de dolarización continuó profundizándose, ya que en el contexto de un mercado cambiario altamente volátil, el 44% de los depósitos se efectúan en dólares, moneda en la que también se concede el 41% de los créditos. En 1999, ambos indicadores bordeaban el 32%. El crédito del sistema bancario al gobierno creció 27%, mientras que el destinado al sector privado aumentó 20%.

La moneda nacional registró una depreciación de más de 40% frente al dólar. Para compensar ese fenómeno, el BRHvendió divisas hasta el mes de marzo, por un monto acumulado de aproximadamente 17 millones de dólares, sin lograr su objetivo. Ante las pérdidas de reservas sufridas y los efectos limitados obtenidos, durante el segundo semestre el BRH dejó de intervenir.

Los procesos de reestructuración de las empresas públicas no parecen haber avanzado mayormente. En efecto, tanto la privatización de TELECO (telefonía), como de APN (puerto), AAN (aeropuertos) y EDH (electricidad), están en suspenso en vista del impasse legislativo de los últimos años. En el caso de las dos empresas ya reestructuradas —Les Moulins d’Haïti S.A. y Ciment d’Haïti—, sólo la primera (con participación estatal del 30%) está en fase operativa.

El escaso crecimiento de la producción obedeció tanto al escaso nivel del consumo (0.8%) como al desempeño modesto de las exportaciones (1.5%). La inversión interna creció (1.3%) en gran medida a raíz de los proyectos de infraestructura gubernamentales. Las importaciones casi no registraron cambios.

Los sectores más dinámicos fueron la construcción (4.6%) y la manufactura (2%), que no lograron contrarrestar el descenso en la actividad agrícola (–1.3%), donde se origina casi un tercio de la producción. En esta caída fue determinante la baja de los precios internacionales del café y el cacao (–8% y –20%, respectivamente), el rezago productivo de los productos de consumo interno y la escasez de créditos.

El sector de la construcción mostró la evolución más destacada, en gran medida gracias a las obras públicas. La industria maquiladora sigue siendo la de mayor dinamismo. Sin embargo, se observa una reducción de la rama textil –su principal sector de actividad– tanto en términos de valor exportado (–2.3%) como en volumen (–5.1%). En tanto, en el sector eléctrico la generación bruta se redujo en 1.8%.

La inflación fue de 18%, con fuertes incrementos en marzo y septiembre, asociados al ajuste general de precios de los combustibles. Después de cuatro años de estabilidad, la decisión gubernamental de aumentar en 45% estos precios se dio ante el incremento de la factura petrolera, las pérdidas crecientes de percepciones impositivas asociadas (cerca de 1 000 millones de gourdes), y los ajustes realizados para equiparar los precios con los de República Dominicana para evitar diferencias que pudieran provocar un aumento del contrabando de estos productos.

La balanza de pagos arroja un saldo negativo en cuenta corriente del orden de 100 millones de dólares, financiado con los escasos recursos de la asistencia externa, cuyos desembolsos netos apenas ascienden a 9.2 millones de dólares durante el ejercicio fiscal, pero sobre todo con una pérdida neta de reservas de 55 millones de dólares. La balanza comercial arroja un déficit creciente del comercio de bienes (18%), a raíz de la caída de las exportaciones (–2%) y el aumento de las importaciones (8%). La factura petrolera, en particular, se duplicó durante el año fiscal.

Ante la persistencia de las restricciones externas, sólo se registró una variación marginal (2.7%) del saldo neto de la deuda externa pública (1 200 millones de dólares). Los nuevos desembolsos ascendieron apenas a 49.8 millones de dólares, mientras que los pagos por servicios y amortización (40 millones de dólares) se hicieron con niveles similares a los años previos.