AMÉRICA DEL SUR

Argentina

Al persistir las deterioradas condiciones de financiamiento externo y las dificultades para reducir el déficit fiscal, la economía argentina siguió en el año 2000 sumida en la crisis a que se precipitó a mediados de 1998. El producto se mantuvo estancado luego de la baja del año anterior, en tanto que la inversión fija volvió a declinar. En presencia de una alicaída demanda, la variación del índice de precios al consumidor fue nuevamente negativa y el desempleo rebasó el 15%. Debido al alza del petróleo, subieron los precios medios de exportación, en tanto el volumen agregado aumentó moderadamente, con lo que el año cerraría con un superávit en el comercio de bienes (f.o.b.) de 1 800 millones de dólares. Pese a los mayores pagos por servicios financieros, la brecha de la cuenta corriente se contrajo.

La política económica se ocupó de variados temas, como el régimen impositivo para las inversiones en capital físico, las normas del mercado de trabajo, los criterios de regulación en áreas de servicios públicos y la integración regional, pero el centro de atención estuvo en las finanzas públicas, por lo que se adoptaron diversas medidas para aumentar ingresos y disminuir gastos. Aunque en grado inferior al previsto, el gobierno nacional habría logrado incrementar el superávit primario, pero el déficit financiero se amplió. El crédito externo experimentó intensos altibajos, dado que empezó el año bastante fluido para restringirse posteriormente en forma marcada. En una situación política compleja, la drástica retracción de la demanda de títulos argentinos en octubre y noviembre creó graves tensiones en los mercados de activos. En tales circunstancias, se negoció un paquete crediticio de elevado monto (especialmente con organismos multilaterales) y se anunciaron medidas orientadas a reforzar la solvencia fiscal a mediano plazo, sin perjuicio de corregir al alza la previsión del déficit para el año entrante.

Las autoridades que asumieron en diciembre de 1999 reafirmaron la vigencia del régimen monetario y manifestaron preocupación por las tendencias de las cuentas fiscales. Los anuncios tributarios incluyeron modificaciones en el impuesto a las ganancias y un gravamen transitorio sobre las rentas altas; se amplió la base del IVA, y se elevaron los tributos sobre las ventas de diversos productos, al tiempo que se cancelaba la aplicación prevista de rebajas en las contribuciones de seguridad social. Además, el gobierno nacional acordó con las provincias mecanismos de transferencia de recursos por coparticipación en impuestos. En enero se concretó un acuerdo con el Fondo Monetario, que contemplaba un déficit de 1.7% del PIB (2.7% al incluir la pauta indicativa para los déficit provinciales).

Las medidas fiscales estuvieron orientadas a reducir las primas de “riesgo país” y mejorar las condiciones del crédito al sector privado. Pese a la reducción inicial de las tasas de interés, la actividad no despegó, en detrimento de los ingresos tributarios esperados. Si bien se cumplieron las metas de déficit del primer trimestre, las cifras de abril suscitaron inquietud y los precios de los títulos se desplomaron. El gobierno decidió recortes en el gasto, incluidas reducciones en los salarios superiores de la administración, y dispuso facilidades de pago para las deudas impositivas.

Aunque la tensión en los mercados financieros se aplacó, las tasas de rendimiento siguieron más altas que en los meses previos. Desde el punto de vista fiscal, el déficit financiero del primer semestre se ajustó a lo pautado, debido a la disminución nominal del gasto primario. La recaudación tributaria mostró una suba, atribuible a la evolución del segundo trimestre, en que influyó la moratoria. Comparando con el mismo período de 1999, cayeron los impuestos de seguridad social y sobre el comercio exterior, aumentó levemente el IVA y subieron los gravámenes sobre productos específicos y los impuestos sobre renta y patrimonio.

El largo período de baja actividad, la debilidad de las señales de recuperación y, probablemente, la percepción de que la política económica se concentraba en el ajuste generaron un clima pesimista que redundó en comportamientos precautorios y en la contacción del gasto privado. En octubre el gobierno anunció medidas para favorecer la inversión, como reducciones en el impuesto sobre intereses pagados, modificaciones al tratamiento fiscal de las amortizaciones y devoluciones de IVA. Al mismo tiempo, decidió prorrogar concesiones de explotación de combustibles y acelerar la negociación de contratos para inversiones en caminos y ferrocarriles.

Estos anuncios se efectuaron en un momento de turbulencia política, marcada por la renuncia del Vicepresidente y tensiones al interior de la coalición oficialista. Asimismo, analistas y operadores financieros manifestaron dudas sobre las posibilidades de acceso al crédito para el sector público. La desconfianza se manifestó en la demanda de bonos, cuyos rendimientos treparon hasta valores característicos de estados de extrema tensión. Para apaciguar la convulsión financiera el gobierno negoció un paquete de créditos contingentes. El programa asociado de políticas contempla el compromiso de las provincias de congelar los niveles nominales de gasto primario y reformas al sistema de seguridad social. Los recursos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario, se proyecta modificar la ley de ”solvencia fiscal”, previéndose a corto plazo un mayor déficit público, que debiera desaparecer en un lapso de cinco años, para lo cual habrá nuevas restricciones al gasto.

En lo inmediato, tales acciones tenían por objeto restablecer la liquidez e inicialmente se observó alguna reanimación en la demanda de títulos. En condiciones todavía inciertas y con estrechos horizontes de decisión, seguía planteada la búsqueda de una perspectiva de crecimiento que permitiera fundamentar las decisiones de gasto y financiamiento y aliviar de modo sostenible las presiones sobre las finanzas públicas.

Ante el relajamiento de la política fiscal y una oferta crediticia comparativamente fluida, la producción insinuó algún repunte a finales de 1999, pero en el primer semestre de 2000 el PIB desestacionalizado declinó. En el plano sectorial, hubo caídas en la construcción y la actividad agropecuaria (pese al repunte de la cosecha de granos). La producción minera creció y la actividad industrial aumentó ligeramente. Se elevó la producción de diversos bienes intermedios y la fabricación de automóviles mejoró a partir de muy bajos niveles. En cambio, disminuyó la producción de insumos para la construcción y de artículos para el hogar. El producto de los servicios se incrementó moderadamente. En conjunto, hasta bien avanzado el segundo semestre la actividad mostraba una débil expansión, de manera que el producto agregado del año habría sido similar al de 1999.

El descenso en el coeficiente de empleo hizo que en el promedio anual la desocupación subiera a 15.1%, el mayor nivel en tres años, al tiempo que los salarios en la industria manufacturera se mantuvieron estables en términos reales.

Los precios al consumidor declinaron 0.7% durante los primeros once meses. La caída fue más aguda en los servicios cuya oferta ha provenido tradicionalmente del sector privado, mientras que los precios de los bienes variaron muy poco. La traslación de impuestos y la suba del petróleo influyeron sobre los combustibles; asimismo, hubo alzas en las tarifas eléctricas.

La variación de los precios internos fue nuevamente más baja que la inflación internacional, de modo que el tipo de cambio real de las importaciones siguió subiendo en forma paulatina respecto del dólar. La apreciación de esa divisa frente a otras monedas erosionó en diversos mercados la competitividad argentina.

El déficit en cuenta corriente volvió a disminuir, pero sería superior este año a 3.5% del PIB. Los pagos netos a factores se habrían elevado a unos 8 300 millones de dólares, nivel 85% superior al de cinco años antes y equivalente a más de 30% de las exportaciones de bienes. El ingreso neto de capitales se contrajo a unos 8 400 millones de dólares y, asociada a una menor demanda de base monetaria, se anotó una merma en las reservas.

Los valores de exportación de bienes recuperaron buena parte de la caída experimentada en 1999, gracias al apreciable aumento de los precios. Sin embargo, al excluirse los combustibles los precios medios de exportación en el primer semestre fueron similares a los del mismo período del año anterior.

El análisis de los datos para los primeros ocho meses del año deja de manifiesto el incremento de los valores exportados de combustibles, no obstante la disminución de su volumen. También crecieron (cerca de 15%) las ventas de manufacturas de origen no agropecuario, aunque la difundida suba compensó sólo parcialmente la caída de 1999. En el leve aumento de los valores exportados de bienes primarios influyó el comportamiento de cereales y semillas oleaginosas. Disminuyeron las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, con una intensa caída de las grasas y los aceites, atribuible al debilitamiento de la demanda externa; por el contrario, aumentaron las ventas de carnes y residuos de las industrias alimentarias.

La información para los primeros ocho meses da cuenta de un leve repunte de las importaciones, con retrocesos en el caso de las de bienes de capital y fuertes alzas en las de bienes de consumo y productos intermedios.

Aunque la participación del Mercosur en las exportaciones mejoró, se mantuvo bastante por debajo de los registros previos a 1999. El quiebre de la tendencia expansiva del comercio intrarregional dio origen a largas y tensas negociaciones sobre el intercambio de productos tales como los automotores, en tanto que en el plano macroeconómico los gobiernos acordaron establecer pautas para la evolución de indicadores fiscales y de precios.