infographic
Solo dos países de América Latina tienen programas de transferencias para apoyar el cuidado de personas con discapacidad (Chile y Ecuador), tres países tienen servicios de inserción familiar para personas mayores (Brasil, Costa Rica y Uruguay) y solamente uno otorga recursos a las y los cuidadores de enfermos en fase terminal (Costa Rica).
Ocho países tienen programas de formación para personas que cuidan y cinco ofrecen servicios de salud mental: Chile y Cuba cuentan con servicios de respiro para personas cuidadoras de adultos mayores, el Distrito Federal de México y Argentina tienen programas que incorporan atención psicológica para cuidadoras de personas dependientes, mientras que Uruguay tiene un programa integral de apoyo a todas las personas proveedoras de cuidados, tanto de forma remunerada como no remunerada.
Pese a que los programas implementados actualmente constituyen un avance, son todavía específicos, marginales y no forman parte de un sistema integral de cuidados, planteó María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, en el Seminario "Cuidar a quienes cuidan a personas adultas mayores: hacia una estrategia de promoción de su salud mental", inaugurado este lunes 24 de agosto en San José, Costa Rica.
“El aporte social y económico del trabajo de cuidados y de las personas que los realizan debe ser considerado plenamente en los marcos legales, institucionales y de políticas de los países de América Latina y el Caribe”, señaló la funcionaria.
El evento, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Costa Rica con el apoyo de la agencia alemana de cooperación GIZ, finaliza el martes 25 de agosto y cuenta con la participación de autoridades nacionales, especialistas internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil local.
En la apertura también intervinieron Ana Helena Chacón Echeverría, Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica; Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud; Lilian Reneau- Vernon, Representante de OPS/OMS Costa Rica; Rocío Sáenz Madrigal, Directora Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; Zulema Villalta Bolaños, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor; Silvia Elizondo Romero, de la Asociación de Cuidadores de Personas Adultas Mayores; y Allan Rímola Rivas, de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio Salud de Costa Rica.
El trabajo no remunerado de cuidados -que desempeñan fundamentalmente las mujeres- beneficia a todos los miembros del hogar, en especial a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
“El Estado tiene un rol central en términos de garantizar el derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse”, indicó María Nieves Rico, quien recordó que “en ausencia de políticas públicas sustantivas el trabajo de cuidados –tanto remunerado como no remunerado- se realiza en condiciones de invisibilidad y desprotección social”.
Los derechos de las y los cuidadores incluyen ámbitos como el de la capacitación, ingresos, tiempo, protección social y salud mental, mientras que las personas receptoras de cuidados deben tener acceso a servicios especializados bajo estándares de calidad y derechos.
Rico planteó la necesidad de incorporar a los varones en las tareas de cuidado, bajo una cultura de corresponsabilidad entre las familias, el Estado, el mercado y la sociedad civil. También llamó a desarrollar una institucionalidad intersectorial, en la que dialoguen los mecanismos para el adelanto de las mujeres, los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Economía y las secretarías de Infancia, Adultos Mayores y Discapacidad.
