Palabras de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el evento “Invertir en el liderazgo de las mujeres en escenarios económicos cambiantes: lecciones y colaboraciones con el sector privado”, paralelo a la XIV Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe
Jueves 30 de enero, 2020
CEPAL
Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OAS),
Janet Camilo, Ministra de la Mujer de República Dominicana,
Señoras ministras y viceministras,
Representantes de los Estados miembros de la CEPAL,
Representantes de los organismos del Sistema de las Naciones Unidas, Distinguidas y distinguidos panelistas e invitadas,
Representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, en particular de organizaciones y de movimientos de mujeres y feministas,
Amigas y amigos,
Les doy la más cordial bienvenida a la CEPAL. Es para mí un honor inaugurar este evento que busca reforzar los compromisos y las estrategias para avanzar en la promoción y fortalecimiento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como privado.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se constituye en uno de los ámbitos privilegiados para el impulso de la participación y la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. A lo largo de estos años, los Gobiernos han acordado una Agenda Regional de Género que promueve medidas específicas para avanzar en la paridad. Por ejemplo, en la Décima Conferencia Regional (Quito, 2007), ya se acordó la necesidad de promover acciones para alcanzar la paridad en los cargos públicos y de representación política. En Brasilia, en 2010, se avanzó en compromisos para promover el acceso igualitario al financiamiento de campañas, así como poner en práctica medidas para incrementar la participación de las mujeres en los directorios de las empresas. En Santo Domingo, 2013, se instó a fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos académico, científico y tecnológico y fomentar el acceso al crédito productivo. Finalmente, en 2016 en la Estrategia de Montevideo, se establecieron acuerdos sobre la importancia de la financiación, cooperación, la institucionalidad y el marco normativo para promover la participación de las mujeres en los espacios de poder en el sector público y privado y promover la democracia paritaria como un pilar para alcanzar la igualdad al 2030. Estos acuerdos profundizan y son la hoja de ruta para alcanzar la meta 5.5 de los ODS que busca “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.
La autonomía de las mujeres en la toma de decisiones implica la plena participación en las decisiones que afectan a su vida y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de garantizar los derechos de las mujeres a la participación en igualdad de condiciones con los hombres. La presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado, en la mayoría de los países, sigue siendo minoritaria. Este déficit de participación no se limita al ámbito político, sino que también se manifiesta en otros ámbitos, como en las empresas, los sindicatos o en el campo de la investigación científica y tecnológica. Tal como se establece en la Estrategia de Montevideo, las brechas de participación se enmarcan en un proceso de concentración del poder político y económico que es preciso superar para poder avanzar hacia la democratización de las sociedades y las economías.
Durante los últimos años, la región ha enfrentado un contexto de creciente complejidad caracterizado por la desaceleración de sus economías, la persistencia de la vulnerabilidad externa, un estancamiento en la reducción de la desigualdad de ingresos, un aumento de la pobreza, el deterioro en los niveles y la calidad del empleo, la crisis ambiental y un resurgimiento de discursos discriminadores y conservadores.
En conjunto, estos factores han configurado un escenario menos favorable para lograr mayor autonomía económica de las mujeres y superar las brechas de género en el mercado laboral. Incluso considerando los avances en la inserción laboral de las mujeres en los últimos años, la tasa de participación de las mujeres en América Latina está estancada en torno al 50%, mientras que la de los hombres es de 74.4%. Las mujeres están concentradas en trabajos de menor calificación y sobrerrepresentadas en el sector servicios (segregación horizontal). Además, la tasa de desempleo femenino sigue siendo mayor que la de los hombres (10% para las mujeres y 7,3% para los hombres en 2018).
A su vez, la participación de las mujeres en cargos de alta jerarquía sigue siendo muy minoritaria y es preciso, por lo tanto, superar los obstáculos a la participación que cristalizan la segregación vertical. Los países muestran una marcada correlación negativa entre el tamaño de las empresas y la proporción de mujeres en altos cargos directivos. Las mujeres empresarias suelen concentrarse en negocios de menor tamaño, patrimonio, ingreso y rentabilidad. La expansión de los negocios más allá de las fronteras nacionales es más difícil para las mujeres ya que enfrentan diferentes obstáculos. Por ejemplo, tal como se destaca en el Documento de Posición de esta Conferencia, para que las mujeres empresarias y productoras puedan beneficiarse de las oportunidades del comercio internacional es preciso superar las brechas de género en el acceso a los recursos productivos, el financiamiento, la información, la tecnología y los mercados. A fin de reducir estas barreras, se han impulsado algunas iniciativas desde los organismos de promoción comercial de los diferentes países de la región. Al menos cinco países (Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador y Perú) cuentan con un programa específico para promover las exportaciones de empresas lideradas por mujeres. En estos programas se combinan acciones de promoción comercial, capacitaciones y consultoría en negocios internacionales a fin de incrementar la participación de mujeres empresarias y emprendedoras en el comercio internacional.
Si analizamos el ámbito público, de acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el promedio regional, la presencia de las mujeres en los órganos legislativos nacionales alcanza el 31,5% y, entre los jueces del máximo tribunal de justicia, el 32,1%, cifras que superan el techo del 30% que se había mantenido durante los últimos años en estos niveles de toma de decisiones. En el caso del Poder Ejecutivo, la participación de las mujeres en los gabinetes ministeriales se encuentra por debajo del 30% en la mayoría de los países de la región.
Las medidas especiales de carácter temporal han sido clave para aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión. Por ejemplo, las leyes de cuotas o de paridad han permitido impulsar la participación de las mujeres en diferentes niveles. No obstante, es preciso estar alerta a los nuevos desafíos que surgen. Es preciso desafiar la lógica de las instituciones que, por décadas, se han estructurado sobre la base de una cultura política que naturaliza el acceso diferencial al poder de hombres y mujeres.
Asimismo, se ha identificado que, con el aumento de la participación de las mujeres, en el contexto actual, se visibilizan las múltiples discriminaciones y la violencia que se manifiestan en expresiones de acoso, trato discriminatorio, mayores exigencias y reclamos en materia de rendición de cuentas, intimidación y violencia física contra ellas y sus familias.
Es por ello que la Estrategia de Montevideo ha sido clave en el desarrollo de acciones innovadoras y de amplio impacto en esta materia, como son los mecanismos de coordinación intersectorial entre diversos actores públicos y privados. Destacan, en particular, la instalación de mesas de diálogo en varios países que incluyen sociedad civil, Estado, empresas y sindicatos, y que han tenido como resultado políticas y estrategias de empleo de base participativa, de amplio impacto y con perspectiva de género, lo que constituye un hecho destacado en la región.
Es preciso superar los déficits de participación y las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres en el espacio público para construir sociedades más justas e igualitarias. Debemos transitar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad y para esto es imperativo una mayor participación de las mujeres en la esfera económica, política, tecnológica y social. Es necesario seguir construyendo y aprender de las lecciones aprendidas para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, porque sin estos no es posible hablar de desarrollo ni de igualdad.
Muchas gracias.