La crisis global y las medidas adoptadas para paliarla dejaron un reducido margen de política fiscal para que los gobiernos de la región implementen medidas de estabilización y compensación a los sectores más vulnerables, dijo Juan Pablo Jiménez, de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL.

Jiménez participó en el XXII Seminario Regional de Política Fiscal realizado en la sede de CEPAL entre el 26-29 de enero junto a autoridades y expertos de la región y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En su presentación, abordó las distintas maneras en las que los países de la región fueron afectados por la crisis, cómo la enfrentaron y los espacios ahora disponibles para salir de esta de manera sostenible.

Casi todos los países en la región han visto sus recursos fiscales disminuir fuertemente desde que estalló la crisis - en algunos casos, en más de 6% del PIB -, ya sea por los menores ingresos provenientes de la venta de productos basados en recursos naturales, las restricciones en el acceso a financiamiento, la caída en la actividad económica o las medidas contracíclicas como la rebaja de impuestos a la renta, apuntó.

Este escenario puso en evidencia el alto grado de exposición de los ingresos públicos a la crisis, particularmente en países muy dependientes de ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales.

“El principal criterio diferenciador con respecto a la exposición de los sistemas tributarios a la crisis es entre aquellos países que basan sus ingresos fiscales en los recursos provenientes de bienes primarios y los que carecen de esa dotación de recursos naturales, cuyos ingresos tributarios dependen fundamentalmente del nivel de la actividad económica interna,” afirmó Jiménez.

Prácticamente todos los países en la región implementaron medidas de distinta índole para enfrentar la crisis, incrementando el gasto público y su nivel de endeudamiento. Las medidas adoptadas incluyeron apoyo a pequeñas y medianas empresas y sectores agrícolas, inversión en infraestructura y viviendas, rebajas en el impuesto a la renta personal o corporativa y subsidios directos a familias empobrecidas o al consumo.

Respecto del gasto público, Jiménez clasifica a los países de la región en tres grupos:

• Los que aumentaron su gasto en programas de mitigación de la crisis (Ej: Chile, Argentina y Costa Rica)

• Los que mantuvieron el gasto debido a que sus disminuidos ingresos y la falta de financiamiento postergaron la implementación de medidas anticíclicas (países de Centroamérica)

• Países altamente especializados en recursos naturales que debieron disminuir significativamente el gasto público. (Ej: Venezuela y Ecuador)

En cuanto al nivel de endeudamiento de los países, también hay grandes diferencias. En Chile, por ejemplo, la deuda pública como porcentaje del PIB es menor al 10%, mientras que en Guyana es de 128%. El promedio de endeudamiento en América Latina es del 28% del PIB, pero en el Caribe llega al 85%.

La crisis interrumpió un periodo de seis años de expansión económica en la región en que, en menor o mayor medida, los países redujeron su deuda pública, aumentaron sus reservas y mejoraron sus indicadores sociales, y esto les permitió enfrentar la crisis en mejor pie que en ocasiones anteriores.

“Sin embargo – dice Jiménez -, las mayores demandas de intervención pública coinciden con un ensanchamiento de la brecha entre los recursos fiscales y las crecientes demandas de gasto público. En consecuencia, quedan por delante grandes desafíos si se quiere aumentar la capacidad de los sectores públicos, tanto para afrontar episodios críticos como para atender a las múltiples demandas existentes”.

La posibilidad de cada país para ejercer una acción pública contracíclica está relacionada, entre otros factores, no tanto con la necesidad de llevar adelante esas políticas, sino con la capacidad de financiarlas.

Las distintas capacidades y el margen de maniobra que tienen los gobiernos para recobrar la estabilidad y gradualmente recuperar los niveles de pobreza (que según experiencias anteriores, demorará casi doble que la recuperación de los indicadores económicos), parecen tener dos caras, según Jiménez.

“En aquellos países especializados en recursos naturales, estas diferentes capacidades están relacionadas con cómo se ha enfrentado el auge en los ingresos públicos que en muchos casos trajo consigo el alza en los precios de las exportaciones. Y en aquellos países que han enfrentado caídas en sus términos del intercambio y exhiben alta incidencia de la pobreza, las consecuencias de la crisis y la necesidad de enfrentarla a través de políticas contracíclicas han evidenciado la insuficiencia del sector público para hacerse cargo de las necesidades de la población, no sólo por carencias institucionales sino que también por cargas tributarias muy bajas”