Uno de cada cinco niños de América Latina está en situación de pobreza infantil extrema. Este flagelo afecta a más de 32 millones de niños. La pobreza infantil total afecta a 81 millones de menores de 18 años.

La pobreza que sufren los niños, niñas y adolescentes responde a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. Esto les impide ejercer sus derechos elementales consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.

La CEPAL a través de la Iniciativa CEPAL-UNICEF  “Pobreza infantil, desigualdad y ciudadanía en América Latina y el Caribe” llevó a cabo en 2008-2009 el primer estudio comparado sobre pobreza infantil en la región.  La investigación analizó el principio de acceso y ejercicio a un número específico de derechos económicos y sociales en las dimensiones de nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda digna, educación e información, además de los ingresos.

En este estudio se construyeron umbrales para analizar los indicadores de cumplimiento de los derechos de la infancia. El primer umbral de privación severa corresponde a una violación extrema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y determina la pobreza infantil extrema.

El segundo umbral de privación moderada representa una limitación al pleno cumplimiento de cada derecho considerado, y sumado al anterior determina la pobreza infantil total.

La medición de la pobreza bajo un enfoque de derechos implica considerar pobre a un niño ante el incumplimiento de cualquiera de sus derechos, aunque sea uno solo. En la región uno de cada tres niños en pobreza extrema se ve privado gravemente en más de un derecho fundamental.  Se trata de un “síndrome” de múltiples privaciones que alertan sobre una pérdida segura en las oportunidades de aprovechamiento de las potencialidades de los y las menores, y que constituye el principal vector de la reproducción intergeneracional de la pobreza.

El lugar de residencia y el origen étnico se asocian al incumplimiento de derechos.  En América Latina, entre los niños rurales la probabilidad de ser extremadamente pobre es 4 veces superior a la de los niños de zonas urbanas. Asimismo, uno de cada tres niños pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes son pobres extremos y dos de cada tres están en situación de pobreza infantil total.

El estudio permite destacar que el diálogo entre la medición de la pobreza infantil a partir de los derechos y la medición de la pobreza por ingresos lleva a identificar con mayor precisión las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, así como las políticas públicas necesarias para erradicar la pobreza en la región.

En 2007, un total de 62.7% de los niños latinoamericanos (113 millones) se veían afectados por una u otra forma de pobreza, es decir, experimentaban alguna privación o violación de sus derechos y/o se encontraban en hogares con ingresos insuficientes.

La región está en deuda con sus niños y es poco lo que se ha avanzado en los países para adoptar políticas específicas de alcance universal para reducir la pobreza infantil desde un enfoque integral.

Esta situación reclama un rediseño de la política de lucha contra la pobreza. Se requieren intervenciones directas vinculadas a la provisión de salud y nutrición, servicios de agua potable y saneamiento, educación e información.  Pero además urgen acciones de carácter indirecto mediante el aumento de los ingresos de los hogares ya sea con acciones dirigidas al mercado laboral o por vía de transferencias monetarias.

Romper las cadenas de reproducción de la pobreza y la desigualdad requiere de acciones decididas de carácter innovador y con una visión integral que asuma que la pobreza infantil es multidimensional, y que sus consecuencias son también multifacéticas.

Las políticas públicas no solo deben orientarse a enfrentar las situaciones de pobreza actual sino a construir sistemas solidarios en el marco de un nuevo pacto intergeneracional, a través del cual no solo se compensan las privaciones del presente sino que se vela para impedir su continuidad o resurgimiento en el futuro.

Esto implica un aumento sostenido de la inversión social y el gasto público en la infancia para mejorar las condiciones de vida de la niñez a la vez que se promueve un desarrollo más inclusivo e igualitario para los países.